Fiscalía: Nicanor Boluarte ejercía “poder de facto otorgado por su hermana”

El 7 de diciembre de 2022 un Boluarte asumió la Presidencia de la República. Dina, desde el Palacio Legislativo del Congreso de la República, recibió la banda presidencial y pronunció su primer discurso como mandataria. Nicanor, quién sabe dónde, comenzó a hilvanar sus redes de influencia con el poder de facto que, según la tesis del Ministerio Público, ostentó desde ese mismo día.

Ayer, el juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, relató la incriminación que la Fiscalía formula contra el hermanísimo de la jefa de Estado, preso preliminarmente por un lapso de 10 días, en el marco de la audiencia de control de identidad de los imputados. En ese contexto, señaló que la presunta organización criminal Los Waykis en la Sombra se gestó el día en que Dina fue ungida en la máxima magistratura del país, tras lo cual Nicanor “asume la investidura del poder de facto o de hecho que le otorga Dina”.

Con ese poder en la sombra, Nicanor infestó la Dirección General de Gobierno de Interior del Ministerio del Interior y la Dirección de Autoridades Políticas de dicho Ministerio (cuyo director general, Jorge Luis Ortíz Marreros, ya fue destituido ayer al ser señalado de “operador” del “programa delictivo”) “mediante la designación ilícita de prefectos y subprefectos en Tarapoto y San Martín”. ¿Qué buscaba con ese copamiento? La Fiscalía advierte que tenía como fin “una contraprestación de dádivas económicas” a aquellos que se ponían “bajo sujeción” de los Boluarte para “tener una continuidad en el poder instrumentalizando el aparato estatal”.

Para conseguir lo que la Fiscalía llama “continuidad en el poder”, era clave la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú (CPP), cuyo líder tras bambalinas era Nicanor, y que se encuentra en proceso de afiliación en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El personero legal titular de la agrupación, Edwin Ugarte Nina, también fue detenido el último viernes. La sujeción de los prefectos y subprefectos también habría tenido como objetivo la colaboración en la recolección de firmas de afiliados, que debe alcanzar los 25,288 como requisito.

Nicanor habría concertado con otros miembros de la organización criminal “para ejecutar las acciones ilícitas durante un determinado tiempo, aprovechando la permanencia en el poder (de Dina Boluarte)”, las cuales irían hasta las próximas elecciones presidenciales, perpetrándolas, incluso, hasta la presente investigación, sostuvo el juez.

MIRA: ¿Quién es Nicanor Boluarte y cuál es su poder en el Ejecutivo?

DESCARTA COLABORACIÓN

En tanto, el abogado de Mateo Castañeda, defensor legal de Dina Boluarte y también detenido como parte de la presunta organización criminal, Eduardo Barriga, descartó que su defendido se acoja a la colaboración eficaz para obtener beneficios penitenciarios.

A su salida de la audiencia de control de identidad, indicó que “esto ha sido una celada, vuelvo a desmentir que él se vaya a acoger a un tipo de colaboración eficaz. Son manejos psicosociales que hace siempre la Policía Nacional y sabemos que esto es una celada”.

“Siempre la defensa del doctor Mateo Castañeda se ha caracterizado por colaborar con todas las investigaciones. Esto nosotros consideramos que es una patraña”, finalizó cuestionado por los medios de comunicación.

Durante la sesión judicial, Castañeda dijo que padece un delicado estado de salud y pidió que le permitan tener una atención con un médico particular, a lo que la Fiscalía accedió. Al respecto, Barriga indicó que “él tiene dos operaciones cardíacas” y negó que esto sea una estrategia para eludir la justicia.

El propio Nicanor Boluarte también dijo que tiene la glucosa alta, hipertensión, asma y arritmia cardíaca, lo que, anotó, se puede constatar en su historia clínica. Lo mismo repitieron los demás imputados. Pasarán por médico legista y, posteriormente, por una atención particular de ser el caso, pero continuarán encarcelados y a disposición de las autoridades al menos hasta el 20 de mayo.

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