Ha sentido el golpe, el de la justicia, ese que duele más a quienes como él se esconden para no enfrentarla. La Fiscalía ha logrado que se incaute dos cuentas bancarias del prófugo Vladimir Cerrón por S/1’613,512.42, un dinero no justificado proveniente de esas actividades ilícitas por las que se esconde hace 316 días y por las que acumula otras investigaciones más por desbalance patrimonial.
La medida fue ordenada por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de Lima que explicó que estas cuentas, una por S/376,969.13 y la otra por S/1’236,543.30, pasan a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) como forma de asegurar el resultado definitivo del proceso judicial.
Como era de esperarse la decisión judicial hizo que el sentenciado por corrupción explote en las redes sociales, cuestionando en varias publicaciones la millonaria incautación del dinero.
El pasado 2 de agosto, la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima presentó la demanda extintiva y el pedido de medida cautelar de incautación de estas dos cuentas que se encontraban a nombre del dueño de Perú Libre.
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Para la Fiscalía, Cerrón presenta un desbalance patrimonial de S/6’387,070.42, entre los años 2008 a 2021. El dinero incautado forma parte de este monto, que no se encuentra respaldado por las actividades laborales que presume el prófugo, como médico, ni como gobernador regional entre los años 2011- 2014 y 2019.
Los millonarios montos que guardaba el sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión, por el caso Aeródromo Wanka, provendrían de lo acumulado en su accionar delictivo como cabecilla de Los Dinámicos del Centro, la red criminal conformada por altos dirigentes del partido del lapicito y que se dedicaba al tráfico de brevetes a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín y al cobro de cupos a funcionarios.
En 2021 Perú21 destapó este caso de corrupción y sus investigaciones posteriores revelaron que las coimas de esta red criminal, enquistada durante la gestión de Cerrón en el Gobierno Regional de Junín, habrían financiado la campaña de segunda vuelta del partido que llevaría al poder al golpista Pedro Castillo y la reparación civil de Cerrón, tras la sentencia por corrupción en su contra.
La coyuntura electoral de ese año terminó frustrando la captura de 37 integrantes de Los Dinámicos del Centro, aduciendo la Fiscalía que podría ser tomada como una acción política.
SIN VERGÜENZA
Pero si bien esta decisión judicial ha supuesto un duro golpe al hoy escondido cabecilla de Los Dinámicos; Cerrón, desde su al parecer apacible clandestinidad, pretende que se cumpla otro de sus perversos planes, aprovechando el éxito que supuso la presentación de un proyecto de ley presentado nada menos que por su hermano Waldemar en el Congreso.
Resulta que el prófugo y su hermano, uno de los tres vicepresidentes del Legislativo, han solicitado al Poder Judicial que se les excluya de la investigación preparatoria que se les sigue por el presunto delito de organización criminal por el caso Los Dinámicos del Centro, amparados precisamente en esta ley de reciente promulgación que modifica las definiciones de crimen organizado y allanamientos.
Los Cerrón justifican su solicitud señalando que los hechos que les imputa el Ministerio Público al día de hoy no constituyen delitos.
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DEFENSOR ATACA
Quien tuvo la mala suerte de encontrarse con la prensa precisamente el día en que el Poder Judicial ordenó la incautación del dinero al escondido de la justicia fue Josué Gutiérrez, el defensor del Pueblo. El que fuera asesor de la bancada de Perú Libre presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de extinción de dominio, por la que Cerrón acaba de perder el dinero de sus cuentas bancarias.
Cuando se le consultó si su solicitud buscaba favorecer a su excliente y cuidar sus bienes, Gutiérrez cuestionó la pregunta y atacó a la prensa.
“Yo creo que son preguntas malcriadas y ciertamente una narrativa que, en lo personal, lo voy a rechazar siempre”, respondió el defensor con incomodidad, a lo que los hombres de prensa defendieron la pregunta en vista de la coincidencia de este pedido ante el Tribunal Constitucional y la situación legal del dueño de Perú Libre.
“Esa coincidencia es un pensamiento perverso. El enfoque objetivo que tiene la Defensoría del Pueblo respecto al manejo de sus opiniones, informes y acciones ante el TC son enfoques de derechos humanos”, intentó aclarar Gutiérrez.
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