Una vez más bajo la lupa. El último domingo, el programa Panorama reveló que el legislador Richard Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), participó –como representante de la Universidad Señor de Sipán– en una reunión convocada por la Sunedu para levantar las observaciones a la solicitud de licenciamiento de esa casa de estudios.
Por ese motivo, ayer la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso que se abra una investigación preliminar contra el legislador “por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal” y otros que resulten de la indagación que se llevará a cabo por un plazo de 60 días. El lunes hizo lo propio la Comisión de Ética Parlamentaria.
El parlamentario habría hecho caso omiso a los artículos 92° y 93° de la Constitución, que establecen que el cargo de congresista es “de tiempo completo” y que al representar a la Nación, los parlamentarios están prohibidos de ejercer cargos relacionados a la defensa de intereses privados.
Una raya más:
Esta no es la primera vez que Acuña se encuentra en la mira de las autoridades. El año pasado, el Poder Judicial solicitó al Congreso que se le levante la inmunidad parlamentaria por supuesto delito de fraude procesal y uso de documentos falsos para apropiarse de un terreno de 20 mil metros cuadrados en Trujillo.
El pedido, empero, no prosperó gracias a los votos de miembros del Apra y Fuerza Popular, agrupaciones con las que, coincidentemente, Acuña compartía la Mesa Directiva del Legislativo. Vía Twitter, el legislador indicó que responderá a la investigación “con transparencia” y negó que haya realizado algún trámite.
Tenga en cuenta:
-Acuña tiene cinco días hábiles para apersonarse con su abogado defensor ante el Ministerio Público y señalar su domicilio procesal.
-La Fiscalía solicitará información al Congreso sobre el pedido de licencia sin goce de haber que, según Acuña, tramitó para asistir a la reunión con la Sunedu el 15 de abril.