Fiscalía investiga sobrecosto y reservas gasíferas del Gasoducto

El Gasoducto Sur Peruano (GSP), uno de los proyectos más costosos del país de los últimos años, es investigado por el Ministerio Público por estar envuelto en la trama de corrupción de Odebrecht. ¿La razón? No tendría las reservas de gas natural necesarias para justificar la millonaria inversión y la magnitud de la obra.

Según documentos obtenidos por este diario, la reserva de gas natural sería de dos TCF (trillones de pies cúbicos), insuficientes para hacer rentable esta megaobra, concesionada a Odebrecht durante el gobierno del ex presidente Humala por US$7,328 millones.

El fiscal anticorrupción que lleva el caso es Reinaldo Abia, quien recientemente acusó a un ex funcionario de Proinversión y a la ex representante legal de Odebrecht por coludirse en el otorgamiento de la buena pro del GSP. Abia sostiene que el comité evaluador no habría tomado en cuenta la insuficiencia en las reservas de gas y se habría, además, sobrevalorado el costo de la obra.

El Ministerio Público investiga la cadena de responsabilidades de quienes permitieron, desde el Poder Ejecutivo, llevar a cabo el proyecto sobre la base de cifras “probables” (no “probadas”) de reservas gasíferas en los Lotes 57 y 58 y también indaga el contexto en el que se dio 1 TCF del Lote 88, durante el gobierno del ex presidente Alan García, para suministro del proyecto Kuntur (convertido después en GSP).

Según un informe de la Contraloría del 26 de agosto de 2015, la consultora inglesa Wood Mackenzie, contratada el 10 de mayo de 2013, hizo las proyecciones para Proinversión por un costo de US$3.8 millones. “El consultor consignó valores proyectados de demanda y de reservas de gas natural y de líquidos de gas natural en el modelo económico financiero del proyecto, para sustentar la sostenibilidad del mismo en 30 años”, se indica.
En su análisis, la Contraloría detecta que en el informe #4 presentado por Mackenzie “solo se cita información de las reservas probadas de gas natural por 13.9 TCF en el yacimiento Camisea, correspondientes a los Lotes 56 y 88”. Pero el combustible natural que sería destinado para ser transportado por el GSP –cuyas obras han sido interrumpidas– provendría principalmente de los Lotes 57 y 58 –a cargo de Petrobras– que consigna como reservas “probables” 2.3 TCF.

Según el manual del sistema de recursos petrolíferos, las reservas ‘probadas’ tienen un grado de certeza del 90% de presencia de gas natural entre gases y líquidos. Las ‘no probadas’, por otro lado, están subclasificadas en: 1) ‘probables’, cuya certeza es del 50% a menos, y 2) ‘posibles’, que tienen un porcentaje de factibilidad máximo de 10%.

La Contraloría concluye que “los productores no pueden disponer con certeza de un volumen de producción de gas/líquidos de exclusividad para el proyecto” porque otro operador, con quien tiene compromisos impostergables, explota las reservas de gas natural de los Lotes 56 y 88.
Por ese motivo, el órgano de control advierte que las reservas a ser transportadas por el GSP se sostendrían hasta el año 2022 y no por los 30 años proyectados por la consultora inglesa, para lo que se requeriría de reservas adicionales que deban “desarrollarse para revertir caídas esperadas de la producción”.

La Fiscalía coincide con las observaciones de la Contraloría. En la investigación del fiscal Abia –Carpeta 475-2016–, se destaca: “El proyecto no garantizó la satisfacción de demanda de gas natural y de su reserva, pues no se habrían suscrito compromisos de contrato de uso del servicio de transporte de gas”.

Por eso, atribuye al comité evaluador “haber omitido el cumplimiento de un dispositivo normativo contemplado de manera expresa en el Reglamento de la Ley de Promoción de Masificación del Gas Natural, contravención que nos permitiría advertir que el comité no garantizó el suministro de las reservas de gas natural para el proyecto”.

“Actualmente, tenemos alrededor de 14 TCF de reservas probadas de cuatro bloques (Lotes 56, 57, 58 y 88), de los cuales gran parte ya está contratada para suministrar desde la planta Perú LNG (Malvinas)”, dice el fiscal en referencia al operador que explota las reservas gasíferas de los Lotes 56 y 88, que traslada el gas a través del ducto de Camisea para la exportación a México (diferente al Gasoducto).

Si bien el ente de control halló un problema de oferta y demanda para este megaproyecto, financiado durante un tiempo con los recibos de luz de todos los peruanos, el asunto más grave aquí es que el monto de la inversión habría sido inflado y sin sustento técnico alguno.

El informe de Wood Mackenzie que cita la Fiscalía dice que los estimados de inversión en la construcción del ducto del GSP serían de US$3,000 millones, y no los US$7,328 millones que calculó el gobierno de Ollanta Humala cuando otorgó la concesión a Odebrecht. Este diario buscó la versión de Proinversión y de Perúpetro para que respondieran al cuestionamiento de las reservas y del precio, pero no enviaron respuesta alguna sobre este extremo hasta el cierre de esta edición.

De otro lado, Perú21 accedió a tres reportes elaborados por Petrobras, que fueron de conocimiento del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en los que consigna los resultados de la perforación de los pozos denominados Urubamba, Taini, Paratoni y Picha, ubicados en el Lote 58.

El 22 de setiembre de 2010, Petrobras informó que en el pozo Urubamba se registraron reservas probadas de 0.4 TCF y, en Picha, de 0.8 TCF. También se conoció que en este pozo se suspendieron los ensayos geológicos por dos interrupciones suscitadas en mayo y julio de 2010, lo que desencadenó en la pérdida del pozo gasífero.

Sin embargo, José Ernau, ex trabajador de Petrobras que participó en las actividades de exploración en el Lote 58, sostuvo a este diario: “En el pozo Picha se presentaron dos problemas mecánicos en mayo y julio de 2010 que no permitieron culminar la perforación y determinar la cantidad de reservas gasíferas”.

En los otros dos informes elaborados en 2012, los resultados de las pruebas geológicas en el Lote 58 también fueron desalentadores para los brasileños. Se consigna como reservas gasíferas de 1.7 TCF y, respecto de la calidad del gas, se señala que el uso es para la generación eléctrica y no para una planta petroquímica, como lo contemplaba el proyecto inicial. La pregunta es: ¿cómo garantizar el suministro de gas para el GSP bajo esas condiciones mínimas de reservas?

La Fiscalía también se ha interesado en la reunión del 11 de diciembre de 2009, sostenida en Palacio de Gobierno entre los ex presidentes de Perú y Brasil, Alan García y Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, quienes se reunieron ahí en privado, según informó la prensa local. Tras el encuentro, ambos mandatarios suscribieron un acuerdo de integración energética y acordaron desarrollar un proyecto petroquímico en el Perú. Para ese momento, la iniciativa privada Kuntur se encontraba en la etapa de pre-factibilidad.

Cabe mencionar que un mes antes de que llegara la delegación brasileña a Lima, fueron publicados dos decretos supremos que autorizaban la explotación de 1 TCF del Lote 88 para abastecer de gas natural el sur del país. Este combustible sería transportado por Kuntur (concesionado por Humala como GSP) y de esta forma se haría sostenible el proyecto.

Asimismo, la Fiscalía indaga otro decreto supremo promulgado el 19 de marzo de 2013, durante el gobierno del ex presidente Humala, con el que se amplió a 36 meses el contrato de exploración –suscrito en 2005 por el ex presidente Alejandro Toledo– a Petrobras Energía Perú. La norma, que luego fue elevada a escritura pública a pedido de Petrobras, tuvo como sustento el requerimiento reiterativo de la firma brasileña y un informe favorable de Perúpetro que le dio continuidad al contrato.

El 6 de noviembre de 2014, Petrobras vendió las acciones a la transnacional China National Petroleum Company (CNPC Perú SA) por US$2,600 millones, pese que los reportes de inversión emitidos por Petrobras consignaron una inversión aproximada de US$500 millones. Luego, la firma brasileña liquidó las operaciones en el Perú.

En enero de este año, en una sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el ex ministro de Energía y Minas Gonzalo Tamayo explicó que “está próximo a publicarse un nuevo libro de reservas (de gas natural) al 2016, pero las probadas hasta este momento (libro de 2015) son del orden de 12 TCF. A eso hay que añadirle cerca de 4 TCF que encontró en el Lote 58 la empresa CNPC Perú SA, la mayor compañía energética del gigante asiático”.

Sin embargo, en un reporte remitido por Perúpetro a este diario, la compañía CNPC Perú SA informó al Minem que registró reservas probadas de 2 TCF en el Lote 58 y que, entre reservas probadas, probables y posibles, alcanzaría la cifra de 3.4 TCF.

La Fiscalía sostiene que al inflarse los estimados de las reservas gasíferas, se justificó el cambio de tubo a poliducto y, en consecuencia, se duplicó el valor económico de la obra. La explicación que sugiere Abia detrás de esta investigación es que, un proyecto así, y a ese precio, solo pudo concretarse a través de un método: la colusión.

- La constructora Odebrecht, ante el pedido de réplica de este diario, respondió que no se va a pronunciar en virtud del compromiso de confidencialidad asumido con la Fiscalía.

- La consultora Wood Mackenzie no respondió el llamado de este diario.

- La oficina de prensa de Proinversión no respondió a nuestras preguntas. Solo entregó en DVD con el expediente de la concesión del Gasoducto.

- La compañía Enersur, filial de Engie de Francia, no respondió el llamado de este diario para conocer su versión de parte.

- La empresa francesa ha construido una central termoeléctrica en Ilo que producirá 500 MV de energía y encargó a Odebrecht construir un muelle de embarque. Se encuentra a la espera de que llegue el gas natural del GSP.

- El abogado del ex presidente Alan García sostuvo que este no emitirá declaración alguna sobre el tema.

- La oficina de prensa de Perúpetro entregó información que remitió CNPC Perú SA al Ministerio de Energía y Minas dando a conocer el total de reservas descubiertas en el Lote 58.

- La representante de CNPC Perú SA, Angélica Quispe, solicitó que se le envíe un email con los datos en consulta para emitir respuesta. Al cierre de esta edición, no respondió al requerimiento.