En el informe enviado por el equipo especial de la Fiscalía al Ministerio de Justicia (Minjus) se concluye que Odebrecht no tiene procesos penales en curso, condición necesaria para que la empresa reciba los S/524 millones que le reclama al Estado por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.
El documento de 10 páginas, al que accedió Perú21, fue recibido el viernes 26 de julio por Cecilia García Díaz, coordinadora ejecutiva del ente administrador del fideicomiso que resguarda el dinero entregado por la empresa como reparación civil.
La precisión que hace el fiscal Rafael Vela, líder del equipo especial, en el informe es que la constructora brasileña no investigaciones en fase preparatoria.
Vela reveló que la firma ha reconocido pagos de sobornos para adjudicarse la obra 'Rehabilitación y mejoramiento de la carretera de empalme Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sista', ubicada en Tarapoto, región San Martín. Ese es un proyecto que está fuera del acuerdo de colaboración eficaz, pero se proyecta a ser incluido en el mismo.
"Este despacho interpeta de la sentencia (...) que la información solicitada es en relación a las investigaciones preparatorias donde la carpeta fiscal se encuentra judicializada de manera efectiva ya que en la investigación preliminar el dominio funcional solo se corresponde al representante del Ministerio Público", se lee en el documento.
Asimismo, se señala: "No se puede mencionar un proceso penal propiamente dicho ya que en la etapa preliminar se ha concluido la investigación fiscal, mientras que en la etapa preparatoria la posibilidad de sobreseer una investigación tiene que merecer necesariamente un pronunciamiento judicial, donde la naturaleza de la decisión que se adopte tiene la autoridad de cosa juzgada lo que implica que lo resuelto no puede ser nuevamente revisado".
En otras palabras, el fiscal aclara que Odebrecht no tiene procesos penales vigentes. ¿Por qué es importante esto? Porque en la sentencia emitida por la jueza María de los Ángeles Álvarez, se señala que si se quiere eximir a la compañía de la aplicación de la Ley N° 30737, la constructora no debe afrontar investigaciones o procesos penales.
Odebrecht busca que se le devuelvan los S/524 millones y para eso el Estado peruano no debe aplicarle la Ley N° 30737, que es la norma que asegura el pago inmediato de la reparación civil.
La constructora, como se sabe, se comprometió a pagar S/610 millones como indemnización al reconocer el pago de sobornos en cuatro obras: Metro de Lima, Interoceánica Sur, Vía Costa Verde y Vía Evitamiento del Cusco.
Los S/524 millones es el monto que quedó como saldo de los S/1,052 millones que le retuvo el Estado peruano a la firma por la venta de Chaglla, de los cuales S/435 millones se usaron para cancelar la deuda de la brasileña con la Sunat, S/12.5 millones para saldar la reparación civil por la carretera de Chacas (Áncash) -que está fuera del acuerdo de colaboración- y S/80 millones como pago de la primera cuota de los S/610 millones fijados.
Con esta información, el Minjus ahora debe analizar si procede a entregarle la millonaria cifra.