Para la Fiscalía de la Nación (FN), la construcción de un edificio de diez departamentos, en Trujillo, valorizado en S/. 1'330,503, no guarda relación con los ingresos del congresista de Solidaridad Nacional (SN) Michael Urtecho y de su esposa Claudia Gonzales Valdivia.
"Ante la evidencia de posibles signos de un incremento patrimonial injustificado, compete a este despacho llevar a cabo las diligencias preliminares que permitan determinar si existen suficientes elementos que acrediten o, en su defecto, desvirtúen, la existencia de un desbalance patrimonial", señala la resolución a la cual tuvo acceso Perú21.
Esta es la conclusión y la razón por la que la oficina de Enriquecimiento Ilícito, adscrita a la FN, inició las investigaciones, por 60 días, al parlamentario y a su cónyugue.
El documento señala, además, que efectuada la búsqueda a través de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) se advierte que la propiedad fue adquirida por Gonzales en noviembre de 2010, por US$125 mil. Casi dos años después, su precio se incrementó a US$480 mil (S/ 1'330,503).
OTRAS DILIGENCIASEn virtud de ello, la Fiscalía dispuso que se recabe de Infocorp el reporte crediticio del legislador y de su esposa por el periodo comprendido entre enero del 2011 a la fecha.
Solicita, asimismo, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la hoja de vida que presentó Urtecho para determinar si hubo falsedad en los datos consignados.
El despacho fiscal pidió también oficiar a la Contraloría para que remita copia de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del parlamentario.
Igualmente requirió a la Sunarp para que le envíe copias certificadas de los títulos referidos a actos inscritos a favor de los investigados, como compra y venta de inmuebles, vehículos u otros bienes que registraran a su nombre.
Por último, aunque no señala fecha, el fiscal resolvió citar al legislador y a su esposa para ser interrrogados.
TENGA EN CUENTA
- La procuraduría ha denunciado ante la Fiscalía de la Nación al congresista Michael Urtecho por los delitos contra la administración de justicia, peculado y enriquecimiento ilícito.
- Al legislador se le acusa además de recortar el sueldo de sus trabajadores y no haber sustentado el destino de 621 sillas de las 1,014 donadas del extranjero.