Desde esta mañana, miembros de la Policía Nacional y del equipo especial de la Fiscalía allanan las viviendas de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y del ex gerente municipal, José Miguel Castro. A ambos se los investiga por el presunto financiamiento irregular a la campaña contra la revocatoria, entre 2012 y 2013.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, Villarán habría incurrido en el delito de cohecho pasivo pues, siendo funcionaria pública, "habría hipotecado su voluntad a cambio del financiamiento" de la campaña del No, con la que buscaba impedir su destitución. En este sentido, la ex burgomaestre, según el Ministerio Público, pidió el apoyo financiero de las empresas OAS y Odebrecht sabiendo que ambas tenían el interés de ejecutar obras en las ciudad.
El fiscal Hamilton Castro, líder del equipo especial para el caso Lava Jato, consignó en su pedido de allanamiento 14 visitas que hicieron los funcionarios de ambas firmas a la sede municipal en el periodo que se iba a decidir la revocatoria de Villarán. Entre los personajes figuran Valfredo de Assis, ex representante de OAS en Perú, quien registra dos visitas entre diciembre de 2012 y enero de 2013.
En el documento, el fiscal también adhirió lo declarado por el publicista Valdemir Garreta, quien dijo que recibió US$3 millones —US$2 de Odebrecht y US$1 millón de OAS—, para asesorar la campaña de la ex funcionaria. En este punto, incluso, añade lo manifestado por Anel Towndsend, ex vocera de la campaña, quien confirmó que existió una reunión en diciembre de 2012 entre Villarán, José Miguel Castro y Luis Favre, el publicista que trabajaba con Garreta.
La solicitud de intervención indica, además, que existe un desbalance entre los ingresos y gastos declarados por la campaña del No. "Se declaró haber tenido un ingreso de S/1'614,321.50 y un egreso de S/1'612,322, cuando se ha podido verificar que por lo menos existió ingresos por la suma de US$4 millones y egresos por más de US$3 millones", se lee en la resolución.
Con ello, la Fiscalía también se refiere a lo admitido por Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, quien dijo que su firma abonó US$3 millones a la campaña por pedido de José Miguel Castro, a quien se imputa el delito de lavado de activos, y de Susana Villarán. Sobre los dos pesa una orden de impedimento de salida del país.
En noviembre del año pasado, el equipo que lidera el fiscal Hamilton Castro informó que las cifras declaradas por la 'Campaña del No' a la revocatoria no coinciden con los montos que recibieron los medios de comunicación por concepto de publicidad, y que estás excederían en más de S/4 millones.
Ese desembolso, según la misma Fiscalía, sería distinto a los US$3 millones que declaró Garreta que recibió para apoyar a la gestión villaranista.
"Se ha declarado un gasto de S/976,522; sin embargo, la Fiscalía viene corroborando que los gastos son mucho mayores, se ha verificado, de acuerdo a la información obtenida por los canales América TV, Panamericana y ATV, que estos gastos ascenderían a 4 millones 989 mil 837 soles, existiendo una diferencia de S/4'013,315 que no están justificada a la fecha", informó en su momento.
Durante esta semana, los fiscales han estado interrogando a personas vinculadas a la campaña del No. Uno de ellos ha sido Eduardo Zegarra, ex teniente alcalde de Villarán.