En su nuevo pedido de prisión preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez señala que calculando los nuevos elementos de convicción recopilados a lo largo de la investigación, a la lideresa de Fuerza Popular le correspondería 24 años y 10 meses de prisión efectiva como pena por la presunta recepción de aportes ilícitos de Odebrecht.
El juez Víctor Zúñiga programó para el 26 de diciembre la audiencia en la que evaluará el pedido de prisión preventiva que se sustenta en cinco delitos: lavado de activos, obstrucción a la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica y fraude procesal; y el peligro de obstrucción a la investigación fiscal.
Pérez señala que subsiste el peligro de obstaculización como “sospecha grave” y se sustenta en 140 testimonios, entre los que se encuentran los de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama Tanaka.
Para Pérez, el peligro de obstacuización también se sustenta en actos vinculados al Poder Judicial y el Poder Legislativo (actualmente disuelto) por la relación de Fuerza Popular con el exjuez supremo César Hinostroza y el fiscal supremo Pedro Chávarry.
El pasado 6 de diciembre, el fiscal Pérez dispuso ampliar la investigación preparatoria a Fujimori con nuevos elementos entre los que están los testimonios de Jorge Yoshiyama, quien aseguró que la lideresa de Fuerza Popular conocía que los aportes provenían de la empresa Odebrecht y que participó en la estrategia para ocultar su origen; así como los testimonios de los empresarios Dionisio Romero Paoletti y Vito Rodríguez Rodríguez quienes afirmaron haber aportado US$ 3,65 millones y US$ 200 mil dólares en efectivo, respectivamente, y a Fujimori en persona.
El pasado 29 de noviembre, Keiko Fujimori dejó el penal anexo de Chorrillos, tras un fallo del Tribunal Constitucional que anuló la orden de prisión preventiva que cumplía desde el 1 de noviembre de 2018.
