La Junta de Fiscales Supremos, presidentes de la Juntas de Fiscales Superiores y presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales del Perú, en representación de todos los miembros del Ministerio Público, emitieron la noche del miércoles un pronunciamiento para expresar su rechazo a las propuestas legislativas emitidas por el Congreso de la República.
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En el comunicado difundido en Twitter (X) cuestionan el proyecto de ley de reforma constitucional que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público, el predictamen que crea la Escuela Nacional de la Magistratura y el predictamen que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación de delito como función de la Policía Nacional y agilizar los procesos penales.
Sobre el proyecto de ley de creación de la Escuela Nacional de la Magistratura se advierte que se trata de un retroceso a los modelos ya superados de intervención política en la designación de magistrados que integran los organismos que forman parte de la administración de justicia.
Los fiscales consideran que las mencionadas propuestas legislativas colisionan contra el orden constitucional, los valores y principios democráticos que sustentan la existencia y funciones asignadas al Ministerio Publico.
En sesión plenaria y por unanimidad, los fiscales acordaron rechazar los referidos proyectos de ley y predictámenes “por cuanto quebrantan la autonomía e independencia institucional que le corresponde al Ministerio Público al pretender recortar sus funciones y atribuciones que le han sido asignadas por mandato constitucional”.
También exigen a los integrantes del Poder Legislativo el respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, la separación de poderes y la institucionalidad democrática del país.
Y eso no es todo. Convocaron a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho que se pretende socavar de aprobarse los referidos proyectos de ley.
Finalmente, exhortaron al Poder Ejecutivo a cumplir su función de control de legalidad y de constitucionalidad de los proyectos que se envíen para su promulgación.
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