El jueves de la semana pasada sucedió un hecho inaudito en la Corte Suprema. El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza no acudió a la audiencia en la que debía defender el caso Los Wachiturros de Tumán ante la casación que interpuso el sindicado cabecilla de esa organización criminal Edwin Oviedo Pichotito.
Ninguno de sus tres fiscales adjuntos tampoco asistió, una decisión que dejó desamparado al Ministerio Público y allanó el camino hacia la libertad del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quien cumple 18 meses de prisión preventiva.
Según fuentes del Ministerio Público, Rodríguez Monteza no ha explicado ni a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por qué se ausentó de tan trascendental diligencia. Este diario también intentó comunicarse con el titular de la Segunda Fiscalía Suprema en Lo Penal pero no contestó nuestras llamadas ni mensajes.
Este viernes, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema leerá su sentencia y podría darle la razón a la defensa del extitular de la FPF, que quiere revocar la orden de prisión preventiva.
El fiscal Juan Carrasco Millones, a cargo de la investigación, envió a Ávalos una carta al día siguiente de esa audiencia -a la que accedió Perú21-expresándole su preocupación por lo sucedido. "Se sugiere que su despacho inicie las acciones que correspondan ante tan grave conducta", se lee en el documento.
Carrasco advirtió en la carta que entregó al fiscal supremo toda la documentación correspondiente, y con la debida anticipación, para que ejerza la defensa del proceso. Incluso señaló que presentó ayudas memoria para explicar detalladamente su indagación.
"(esperábamos) que defienda nuestros argumentos como se viene haciendo desde primera instancia desde hace más de tres años que se ha venido sustentando la imputación contra el líder de la organización criminal Los Wachiturros de Tumán, que conforme a la teoría del caso habría visto beneficiado y vinculado con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto", alegó.
Precisamente, fue la fiscal Sandra Castro quien sindicó a Víctor Rodríguez como uno de los Cuellos Blancos, junto a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.
De acuerdo a la hipótesis de Carrasco, Edwin Oviedo usó a Los Wachiturros de Tumán para atentar contra la vida de quienes se oponían a su administración en la azucarera Agroindustrial Tumán. Por el crimen del exdirigente sindical Manuel Rimarachín se ha pedido para Oviedo la pena de 26 años de prisión.
Preocupa al equipo especial
El fiscal Víctor Rodríguez también es el encargado de defender la investigación a cargo del fiscal José Domingo Pérez contra la casación que interpuso la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Ante la posibilidad de que Rodríguez adopte similar postura y no acuda a la audiencia por programarse, el equipo especial Lava Jato también ha expresado su preocupación.
Fuentes fiscales recordaron a este diario que el fiscal Pérez pidió que se excluya al fiscal supremo de analizar la casación. Pero en la Junta de Fiscales Supremos, con votos de Gálvez y Chávarry, se decidió por no acatar el pedido argumentando que esa instancia no tenía competencia para apartar a un fiscal de esa jerarquía.