Si bien el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, fue suspendido por el removido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aún se desconoce cuál será el futuro de la entidad y si fue válida o no la inscripción del partido Podemos Perú, de José Luna.
Ayer, el fiscal supremo Tomás Gálvez –quien fue testigo protegido de la Fiscalía en una parte de la investigación por los audios– denunció en radio Exitosa que el “operador político” José Luis Cavassa Roncalla “sigue teniendo el control” de la ONPE y detalló las ramificaciones que este tiene en el sistema electoral.
Gálvez, quien es esposo de Susana Guerrero, la ex funcionaria de la ONPE que denunció el favorecimiento a Podemos, admitió que conoció a Cavassa y contó que este le dijo que “ayudó a entrar” al JNE a dos funcionarios.
En diálogo con Perú21, el fiscal recomendó a su colega del Callao Rocío Sánchez, quien solicitó al Poder Judicial las interceptaciones telefónicas, que pida a un juez que se suspenda a cerca de diez directivos de la ONPE que se mantienen desde la gestión de Castillo. Entre ellos el jefe interino de la entidad, Guido Roa Ojeda.
Este diario informó que Roa tuvo seis investigaciones por omisión de funciones, estafa y fraude. Actualmente, tiene dos procesos en la Fiscalía por captación ilícita de recursos y delitos contra el orden financiero.
“El juez puede retirar a los funcionarios en riesgo de reincidir en este tipo de faltas (favorecer a un partido), de acuerdo a los artículos 298 y 299 del Código Procesal Penal”, dijo.