El fiscal José Domingo Pérez encabeza allanamiento a las oficinas de la Confiep. (Violeta Ayasta/GEC)
El fiscal José Domingo Pérez encabeza allanamiento a las oficinas de la Confiep. (Violeta Ayasta/GEC)

Redacción PERÚ21

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El fiscal José Domingo Pérez aseguró hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) con la que se ordena la liberación de la lideresa de Fuerza Popular, , es “inejecutable” debido a que sus argumentos no han sido respaldados por cuatro magistrados.

Desde San Isidro, , Pérez manifestó que el fallo del TC es “incongruente, antitécnico y con tintes políticos”.

“El procurador del Poder Judicial debe pedir la nulidad de la sentencia, es contradictoria esa decisión del TC, tres magistrados dan una decisión pero hay un cuarto magistrado que no se adhiere a los fundamentos; por el contrario, postula una postura que no se ha desarrollado en esa causa”, explicó.

Los argumentando que las imputaciones en su contra son “meras especulaciones” son Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero.

No obstante, el juez Carlos Ramos, si bien respalda la liberación, no avala la tesis de sus colegas sobre las especulaciones de los elementos. Indica que Fujimori Higuchi ya no representa obstrucción a la justicia porque se disolvió al Congreso.

“Sorprende que esta decisión esté frustrando la lucha contra la corrupción”, declaró el miembro del equipo especial Lava Jato.

Responde a la Confiep

Asimismo, Pérez desmintió que con la diligencia en la sede de la Confiep se hayan cometido excesos, .

“Es falsa la información que ha dado a conocer la Confiep respecto a que se está cometiendo abuso (...) es falso que haya abuso o exceso de parte de la Fiscalía”, insistió.

Reveló que los directivos del gremio han exhibido “información útil” y por ello, mientras declaraba a la prensa, dijo que se estaba dirigiendo a su oficia del Ministerio Público para retornar con más personal a fin de recabar toda la documentación requerida.

Fue el juez Víctor Zúñiga quien autorizó el allanamiento por el plazo de 48 horas con el fin de que se incaute vouchers y boletas de pago relacionados a las campañas electorales del 2006 y 2011 de Keiko Fujimori.