La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó hoy al Congreso una denuncia constitucional contra su predecesor en el cargo, Pedro Chávarry, por la intervención ilegal de su personal a oficinas del Ministerio Público que habían sido lacradas por el fiscal José Domingo Pérez el pasado 5 de enero.
A Chávarry se le imputan los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto.
En el documento de 104 páginas, al que accedió Perú21, Ávalos advierte que el ilegal deslacrado habría apuntado a obstaculizar las diligencias de investigación del fiscal Pérez al partido Fuerza Popular, que lidera la hoy detenida Keiko Fujimori.
Asimismo, se consigna imágenes de la participación de Pedro Chávarry el día que su personal acudió al piso 9 de la Fiscalía para retirar documentos de la oficina de su entonces asesor Juan Manuel Duarte.
La exasesora Rosa Venegas reveló, además, que fue Chávarry quien le ordenó ingresar a los espacios lacrados y retirar documentación que podía comprometerlo en las investigaciones. Eso fue revelado por Perú21 en febrero.
Como otra evidencia de obstaculización del extitular del Ministerio Público, se incluye la separación de Rafael Vela y el fiscal José Domingo Pérez como miembros del equipo especial Lava Jato que investiga, precisamente, a Fujimori. Aunque posteriormente el hoy fiscal supremo los restituyó en sus puestos ante la presión ciudadana.
Respecto al deslacrado ilegal de las oficinas, Zoraida Ávalos indica: "Dichas intervenciones indebidas por parte del investigado (Chávarry) tendrían como finalidad la obstrucción y fracaso de la acción persecutoria iniciada contra Keiko Fujimori Higuchi y, como consecuencia, sustraerla de la persecución penal".
También concluye que Rosa Venegas no hubiera ingresado a las oficinas "de no haber existido una planificación del delito y la expresa orden de quien en esos momentos era su jefe y la máxima autoridad de nuestra institución (Pedro Chávarry)".
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ahora debe debatir esta denuncia y tramitarla con la finalidad de que la Fiscalía de la Nación esté habilitada para investigar a Pedro Chávarry, quien por ser fiscal supremo goza de prerrogativas que deben ser levantadas por el Parlamento.