La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, designó hoy a Horacio Daniel Eguren Ciurlizza como nuevo jefe nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Un abogado que, por increíble que parezca, es investigado actualmente por la misma Fiscalía por el delito de negociación incompatible.
En junio de 2018, el procurador anticorrupción Amado Enco denunció a cuatro funcionarios del Congreso por haber intentado comprar computadoras por un monto sobrevalorado, según la denuncia, de S/241,887.88. Uno de ellos fue Horacio Eguren, quien era el director general de Administración del Parlamento que en ese entonces dominaba Fuerza Popular.
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Enco advirtió que si bien Eguren canceló el proceso de adquisición lo hizo por razones “que no se encuentran enmarcadas” en la legislación, y que en realidad tomó esa decisión para obviar “las infracciones a las normas de contrataciones y un proceso de adjudicación con vicios de nulidad”.
En la resolución del 25 de mayo de 2018, Eguren Ciurlizza sustenta la anulación de la compra, solicitada por la Oficina de Comunicaciones del Congreso, en que se cambiaron “los alcances de los requeriminetos presentados inicialmente”. Aunque para el procurador, eso no estipula la ley como causa de cancelación.
Para Enco, el actual funcionario del Ministerio Público aprobó la compra “sin sustento técnico conforme a las normas de contrataciones del Estado”.
Medicina Legal, entre otras funciones, se encarga de intervenir los cadáveres y emitir informes aplicando técnicas de ciencias forenses. Hasta ayer el jefe era el médico cirujano Juan Víctor Quiroz Mejía.
Perú21 se contactó con Horacio Eguren y confirmó que hasta hoy acude a comparecer ante el fiscal anticorrupción Nestor Rivera Navarro. “Sí, estoy yendo a la Fiscalía cada vez que me citan, es un proceso que toma su tiempo y preferiría que lo archiven de una vez”, declaró.
Eguren, no obstante, no fue claro cuando se le consultó cómo fue el proceso para su selección. “A mí me llaman porque soy una persona técnica que tengo experiencia en el sector público, no hay ningún problema de transparencia porque la denuncia se conoce de manera pública”, sostuvo.
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Anteriormente, el servidor público trabajó en la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), como consta en documentos.
Al insistirle para saber quién lo llama, como asegura, el funcionario responde de manera esquiva. “Este.. a mí me pasaron la voz para este puesto y he dicho que estaba dispuesto a ser evaluado, hay un proceso de selección, hubo entrevistas y no sé si habrá habido otros candidatos”, se excusó.
Aseguró que no conoce a Zoraida Ávalos “ni tengo vínculos con alguien de la Fiscalía”. “A mí me llaman porque seguramente conocían mi trabajo”, reiteró.
El fiscal Rivera requirió el 7 de julio al juez Manuel Chuyo formalizar investigación preparatoria. Y ese mismo día, Chuyo dio por recibido el documento.
Este diario también buscó la versión de Zoraida Ávalos para saber si sabía de los antecedentes del funcionario contratado. Sin embargo, desde prensa de la Fiscalía no hubo respuesta. En los últimos días, Ávalos ha interpuesto denuncias constitucionales contra exlegisladores implicados en corrupción, una contratación como esta no parece ir en línea con esa postura.