El fiscal Abel Concha Calla, investigado por recibir presuntamente S/80 mil para archivar una denuncia contra el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo, continuará en la cárcel ya que el juez supremo Hugo Núñez rechazó su recurso de cese de prisión preventiva.
Cornejo, además, es sindicado como cabecilla de Los Temerarios del Crimen, una supuesta organización criminal que, entre otros delitos, habría operado para direccionar la adjudicación de obras públicas en Chiclayo.
En la resolución del 6 de junio, Núñez indica que Concha no ha desestimado las declaraciones del exalcalde de Olmos, Willy Serrato, ni del colaborador eficaz denominado 'El moralista', quienes revelaron lo de la entrega de dinero.
Serrato Puse, quien ha sido sentenciado a prisión suspendida por delitos de corrupción, contó que entregó S/20 mil al fiscal superior a cambio de que este le brindara información sobre "alguna investigación y alguna orden de captura" en su contra.
Concha dijo que Serrato "miente" y negó que haya pedido alguna dádiva para archivar alguna denuncia o para ayudar al exfuncionario.
No obstante, para el titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria las declaraciones de Abel Concha no afecta el sentido de las evidencias. "No existen actuaciones nuevas que hagan variar los supuestos que se tuvieron en cuenta para imponer la prisión preventiva", concluyó.
Además, el juez Núñez advirtió que Concha actuó "con mala fe procesal" porque recién en la audiencia para sustentar su pedido de cese de prisión preventiva, realizada el pasado lunes, presentó chats de WhatsApp como elementos de defensa y no antes.
"El accionar del procesado en audiencia no permitió que se estructuren condiciones objetivas que certifiquen la participación de manera equitativa de las partes procesales involucradas, en buena cuenta, el procesado pretendió sacar ventaja y otorgarse privilegios irrazonables quebrantando de esta manera las iguales oportunidades procesales frente al fiscal supremo", justificó el magistrado.
Concha cumple 18 meses de prisión preventiva desde enero pasado, cuando el mismo juez Núñez le dictó la medida coercitiva.