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El año pasado, el obviado informe del ex congresista Juan Pari desnudó irregularidades cometidas en la adjudicación de la Carretera Interoceánica Sur a empresas brasileñas.
En ese reporte se hizo una mención aparte a la concesión del Tramo IV, del que se tenía sospechas de corrupción desde el año 2009.
Desde hace ocho años es público que la Policía Federal de Sao Paulo, como parte del caso Castillo de Arena, intervino las oficinas de la empresa Camargo Correa e incautó documentación en la que se señalaba el pago de sobornos a funcionarios.
En uno de los USB incautados a Pietro Gavina Bianchi, ex director de la constructora, figuran pagos que habrían sido realizados en Perú, a cambio de ganar la buena pro del referido megaproyecto, entre los años 2005 y 2008. Este periodo involucra a los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García.
Un cuadro que lleva por título "Coimas Tramo IV – Interoceánica" muestra, incluso, un "cálculo" de más de US$180 millones destinados para sobornos. De este monto se apunta 3% (US$5'411,207) para "General" y un 0.5% (US$901,868) para "JR". No se precisan nombres.
Las autoridades brasileñas señalaron que habían "solicitudes de pagos aprobadas por un valor de US$106,944". En el documento aparecen también las palabras "Toledo", y junto a él, "Max Vanderlei".
Sobre el ex presidente Alejandro Toledo se sabe, además, que habría recibido US$20 millones de Odebrecht, a cambio de adjudicarse los tramos II y III de la Interoceánica.
Al respecto, el ex legislador Juan Pari indicó a Perú21 que la Fiscalía no debe perder más tiempo y pedir las aclaraciones a Camargo Correa. "Los directivos de la empresa están sometidos a la delación premiada. Deben señalar de una vez a quiénes sobornaron", sostuvo.
