Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) indicaron que el indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori es una "bofetada" para las víctimas de los abusos cometidos durante su régimen.
"Estamos consternados por esta decisión. Es una bofetada para las víctimas y los testigos cuyo incansable compromiso lo llevó ante la justicia", aseguran.
El pronunciamiento fue hecho por el grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, conformado por Agnes Callamard y Pablo de Greiff, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales y relator especial sobre la promoción de la verdad, justicia y reparación, respectivamente.
Indican que "el perdón presidencial otorgado a Alberto Fujimori por motivos políticos socava el trabajo de la judicatura peruana y la comunidad internacional para lograr la justicia".
"También es un gran revés para el estado de derecho en el Perú: se concede un indulto humanitario a una persona condenada por crímenes graves después de un juicio justo, cuya culpa no está en cuestión y que no cumple con los requisitos legales para el indulto", continúan.
Además, aclaran que "las leyes internacionales de derechos humanos restringen la concesión de amnistías, indultos u otras exclusiones de responsabilidad en casos de violaciones graves de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas", dijeron, señalando que una solicitud de habeas corpus sobre la salud de Fujimori ya había sido rechazada por el poder judicial".
Consideran que "el gobierno no debe ceder a la presión política e ignorar sus obligaciones nacionales e internacionales”, y que el ex mandatario Fujimori “debe ser tratado como cualquier otra persona condenada por crímenes graves contra los derechos humanos. Su tratamiento debe ser compatible con su estado de salud y de acuerdo con los estándares y procedimientos establecidos que se aplican a las personas privadas de libertad en el Perú".
“El gobierno debería respetar a las víctimas y los testigos que lucharon por la justicia y deberían adoptar una estrategia integral de justicia transicional como cuestión prioritaria”, finalizaron.