Exigen derogar decretos que promueven informalidad en el GLP

De manera similar a la advertencia que hiciera Perú21 sobre los vacíos legales y la poca supervisión que existe para el transporte seguro de gas licuado del petróleo (GLP) en el país, el Colegio de Ingenieros del Perú se pronunció y demandó al gobierno ejecutar cambios que eviten una tragedia como la que se registró en Villa El Salvador el último jueves.

A través de un comunicado, el gremio exigió la derogación de artículos de los decretos supremos 01-94-EM y 027-94-EM “que autorizan a cualquier persona natural o jurídica a distribuir GLP contando solo con una unidad de despacho, chofer y ayudante”, lo cual constituye una puerta abierta para la informalidad.

La ley establece que se puede vender GLP para dos fines distintos: para uso doméstico en balones de gas, cuyo nombre técnico es GLP envasado; y GLP a granel, cuyo fin es abastecer a grifos, empresas y redes de distribución.

“La normativa vigente ni siquiera considera que el distribuidor a granel tenga la obligatoriedad de contar con infraestructura adecuada de equipo, mantenimiento y personal especializado en manipuleo y seguridad para poder afrontar accidentes y siniestros”, indicó el Colegio de Ingenieros.

La deflagración del camión de gas sucedida la semana pasada causó la muerte de 14 personas, entre ellas menores de edad. El vehículo de la empresa Transgas LG EIRL, y de placa A2X-847, ya había sufrido una fuga en octubre de 2018 y, pese a esa situación, siguió operando sin problemas.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que el camión cisterna que transportaba este combustible tenía autorización para funcionar desde setiembre de 2019 y contaba con póliza de seguro vigente.

Pero Osinergmin no fiscaliza a los actores del mercado informal del GLP por decisión de su consejo directivo. Ante esto, el gremio también requirió su inmediata reorganización “para que cumpla a cabalidad” con una supervisión “certera”.

RESPALDA PROPUESTA

La Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) se sumó a la propuesta del Colegio de Ingenieros. Su presidente Luis Felipe Cantuarias dijo a Perú21 que el planteamiento “coincide plenamente” con la postura de la SPGL que ya ha sido presentada al Ministerio de Energía y Minas.

“No me sorprende que haya sucedido lo de Villa El Salvador. Esto es consecuencia del alto nivel de informalidad, ese camión debió tener una inspección clara para reducir la exposición (del gas) a la gente”, declaró.

Cantuarias sostuvo que una forma de atacar el mercado informal es desaparecer las diferencias de precio entre el GLP envasado y el de granel y que se maneje una sola tarifa, porque –señaló– los “graneleros” compran del primero al resultar más barato y luego ese recurso lo venden como si fuera a granel. La informalidad va ganando el partido al país. Urge un necesario cambio.

Datos

-Para el abogado tributarista César Luna Victoria, “la misma norma da incentivos a la informalidad” en la distribución de gas.

-“Esos incentivos hay que cortarlos. Si hay un mercado con precios distintos de gas al que cualquier persona accede, entonces eso es lo que hay que atacar”, dijo a Perú21.

-Existen seis productores de gas en el país y ocho plantas de abastecimiento. Todos formales.