¿Es legal la designación del nuevo comandante general de la Policía?

Una de las primeras medidas de la gestión de Francisco Sagasti fue designar a un nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP): César Cervantes Cárdenas. Este nombramiento ha causado una gran controversia debido a que el Gral. Cervantes ocupaba el puesto 19 en el escalafón policial, lo que ha implicado, que los 18 oficiales que lo antecedían pasen a situación de retiro o renuncien.

Amet Aguirre

Fecha Actualización

30/12/2020 - 12:04

Una de las primeras medidas de la gestión de Francisco Sagasti fue designar a un nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP): César Cervantes Cárdenas. Este nombramiento ha causado una gran controversia debido a que el Gral. Cervantes ocupaba el puesto 19 en el escalafón policial, lo que ha implicado, que los 18 oficiales que lo antecedían pasen a situación de retiro o renuncien.

La discusión se ha centrado en determinar si es mandatorio por ley o no elegir al nuevo titular de la PNP entre los tres tenientes generales de la más alta jerarquía policial.

Consultados por Perú21, José Luis Pérez Guadalupe se manifestó en contra de esta medida, mientras que Walter Albán, a favor; ambos fueron ministros del Interior.

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“Nada que cuestionar”

“Yo creo que legalmente no hay nada que cuestionar, está dentro del marco que la legislación establece. No es algo deseable que en una institución de estas características se produzcan decisiones frecuentes de esta naturaleza, pero creo estamos en una situación excepcional”, consideró Albán en referencia a la actuación de la PNP durante las protestas contra Manuel Merino, cuyo resultado fue la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.

De acuerdo a su lectura de la Ley de la PNP, “si el comandante general elegido es un oficial general –o sea, se coloca la ley en el supuesto de que no sea uno de los tres primeros– ese oficial asciende a teniente general”.

“Quiero recordar que durante el gobierno del presidente Valentín Paniagua, se produjo también una poda muy fuerte dentro de la Fuerza Armada y eso tenía que ver con la instrumentalización que había hecho el gobierno del señor Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos”, sostuvo el exministro.

En opinión de Albán, el subcomandante Jorge Lam, que estuvo a cargo de la Policía, no entendió que las protestas contra Manuel Merino eran legítimas y no tenían por qué reprimirlas. “No sabemos cuánto de eso involucra al comando, pero lo que sí se ha podido conocer es que varios de los generales que han pasado otra vez al retiro ya lo habían hecho en el pasado y regresaron gracias a decisiones del Poder Judicial y algunos otros tienen investigaciones por hechos irregulares”, indicó.

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“Va contra la ley”

Para José Luis Pérez Guadalupe, la decisión del Ejecutivo va contra la Ley de la PNP. “¿Por qué todos los tenientes generales han salido a renunciar? Es una cosa inédita. El Gral. Orlando Velasco le dice en su carta de renuncia al ministro del Interior que esto es ilegal”, resaltó.

“El artículo 8 de la Ley de la PNP lo escribí yo en 2015 para evitar, justamente, que se cometieran las arbitrariedades que ahora se están cometiendo. No hay dos modalidades para elegir al comandante general, eso es falso, sino que la ley diga que se puede nombrar a quien les de la gana”, expresó Pérez Guadalupe.

Según el especialista, la ley establece que se debe escoger entre los tres tenientes generales de la institución y en el caso de escoger al más joven, los dos que lo anteceden se deben ir. “Desde que se publicó la ley, todos los ministros del Interior han nombrado al oficial número 1 de la PNP y ahora sacan debajo de la manga esta interpretación auténtica –en términos de Montesinos– de la norma”, sostuvo.

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En el mismo sentido, otros 13 exministros del Interior emitieron un comunicado anoche. “El general nombrado como comandante general se encontraba en el puesto 18 del escalafón; es decir, no contaba con la antigüedad suficiente para ser designado en el cargo por el Presidente de la República, quien –consideramos– ha sido inducido a un grave error a partir de una interpretación sesgada de la norma”, se lee.

Los firmantes consideran que se necesita una renovación de la PNP, pero “ningún proceso de esta naturaleza puede tener su inicio en una violación de la ley”.

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