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[ENTREVISTA] Víctor García Toma: “La vacancia es apostar por la gobernabilidad”

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Fecha Actualización
Tras siete meses de gobierno de Pedro Castillo, el jurista y expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, ve la vacancia como una opción “necesaria y conveniente” para salir de la crisis política y la parálisis en que se encuentra el país.
¿Cuál es la situación del presidente Castillo tras las declaraciones de Karelim López?
La situación del señor Castillo se plantea en dos alternativas que da la Constitución. Por un lado, la aplicación del artículo 113º inciso dos, que habla de la incapacidad moral permanente y que ha sido objeto de una denuncia constitucional que ya se encuentra en trámite, y tiene que ver con los sucesos de Sarratea, con haber recibido en Palacio de Gobierno a personas que tendrían intereses patrimoniales que luego se han verificado con la celebración de contratos con el Estado, etc. La segunda opción es la denuncia presentada por traición a la patria; ambas dentro del marco de la Constitución quedan a merced del Congreso.
La vacancia presidencial requiere 87 votos en el Congreso. ¿Se debería reducir esa valla?
Más allá de si somos oposición o gobierno, de si somos de izquierda o de derecha, en el caso de la vacancia es básicamente apostar por una gobernabilidad dentro del marco de una moralidad social. Yo no pierdo las expectativas de que en un corto plazo se puedan alcanzar los 87 votos. Sin embargo, sí considero que no es admisible recurrir a la opción de modificar el Reglamento del Congreso para reducir el número de votos porque eso sí sería una infracción a la Constitución en la medida que sería una ley con nombre propio.
¿Cuáles serían los otros riesgos de un cambio de este tipo?
Lo que pasa es que si dejamos de tener a la Constitución como norma suprema y marco de referencia en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y de los ciudadanos entre sí, y la utilizamos para fines probablemente loables pero contingentes, entonces la Constitución sería el juego de la pelota de cuerpos parlamentarios que no siempre están signados por el acierto y los buenos propósitos. Más allá de cualquier otra consideración, la Constitución no debería ser vulnerada de esta manera. Hay el esfuerzo de distintas tiendas políticas para persuadir a la representación de que esa es una decisión necesaria y conveniente de cara a que el país no puede seguir soportando este clima de anarquía y desgobierno, de corrupción e inseguridad en que vivimos.
Otro camino que se ha planteado es el de la renuncia pero ya el presidente Castillo ha dejado en claro que no lo hará. ¿Cuál es su opinión al respecto?
La renuncia es un acto parcialmente voluntario. Estoy seguro de que contra su propia voluntad, en su momento, los señores (Raúl) Alfonsín y (Fernando) De la Rúa en Argentina; (Hugo) Banzer y (Gonzalo) Sánchez de Lozada en Bolivia o Pedro Pablo Kuczynski en Perú tuvieron que acudir a esa solución porque evidentemente el país ya era ingobernable. Eso podría pasarle al señor Castillo que está con un 70% de aprobación, pero, además, con la condición de que hay corrupción e ineficiencia. Un país no se puede gobernar cuando las mayorías están en contra del gobierno; hay un momento que quiera o no quiera el presidente sabe que tiene que irse y la fórmula de irse es la renuncia. Entonces, el tema de la voluntad personal es relativizada ante la realidad política y social que vive el presidente en un momento determinado.
¿Estamos en esa situación en la que el presidente de la República debería evaluar su renuncia al cargo?
Creo que cada vez más le va a ser difícil salir a las calles, participar en actos públicos, porque el nivel de repudio sigue siendo creciente. En segundo lugar, los propios errores del gobierno se van a ver acrecentados por el problema entre Rusia y Ucrania que va a generar el alza de una serie de productos. Por último, el propio partido en que se sostiene es cada vez más voraz en su apetito de poder; Castillo ha transado con Perú Libre, pero no puede estar sometido a ese chantaje de manera permanente.
El martes 8 el gabinete acude al Congreso y un 49% de peruanos considera que no debe recibir el voto de investidura…
La primera pregunta es si el presidente del Consejo de Ministros está en la facultad de garantizar una relación armónica y estable entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no parece que él tuviera las artes y las dotes para la concertación. El segundo problema es que dentro de una composición mediocre del gabinete hay personas que sobresalen, entre comillas, negativamente. El ministro de Salud está por demás decirlo, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Justicia, y quien está pasando piola, el ministro de Defensa, quien tiene serias denuncias por maltrato a las mujeres en un momento en que ese es un tema en la agenda política del país. En el mejor de los casos (…), si no se diera un proceso rápido de reestructuración del gabinete, es posible, incluso hasta sería deseable, que este gabinete no obtuviera el voto de investidura porque no está premunido de la eficiencia ni la eficacia, ni tiene los hombres adecuados para conducir el peso del gobierno bajo un liderazgo inexistente en el caso del señor Castillo.
¿Cree que el Congreso estaría dispuesto a eso en aras de la gobernabilidad?
Justamente, este gabinete no ofrece gobernabilidad; entonces, más allá de las contingencias personales de si es posible que el Ejecutivo debe ir a una disolución del Congreso etc., lo real es que con este gabinete no vamos ni a la esquina y el Parlamento tiene que pensar primero en que el país no puede continuar en el marasmo en el que estamos hace ya siete meses (…). Creo que, si se piensa en los altos intereses del país, los aspectos contingentes de decir ‘me quedo, me voy’ resultan irrelevantes porque no hay posibilidad alguna de que este gabinete pueda preservar o garantizar la gobernabilidad, la moralidad de la administración pública, la correcta prestación de los servicios públicos.
En medio de graves denuncias contra el presidente Castillo, ¿cómo ve Ud. la actuación de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien ha decidido postergar la investigación al mandatario?
Lamentablemente no está la altura de las responsabilidades, no solamente por la falta de habilidades y competencias y la ausencia de liderazgo sino porque, además, aparentemente, tiene un compromiso consigo misma en el sentido de no ejercitar ninguna investigación penal que esté vinculada con el gobierno, sea cual fuere su sesgo ideológico. Ella ha optado por el camino de la huida, de jugar a las escondidas y no ha afrontado cabalmente las responsabilidades que el cargo le señala; lo cierto y lo real es que ha cumplido un papel tristísimo de monaguillo de la corrupción en el Perú, no de ahora sino incluso desde el gobierno del presidente Martín Vizcarra.
El jefe de Estado ha observado la autógrafa de la ley que garantiza la idoneidad de los altos funcionarios públicos: ministros y viceministros en un contexto en el que las autoridades del Ejecutivo son tan cuestionadas exactamente por esa falta de idoneidad…
Desde que tengo recuerdos, en los gobiernos de Velasco, Fernando Belaunde, Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski etc. se caracterizaron, más allá de desaciertos o errores, por tratar de escoger al personal más idóneo, ya sea de sus propias fuentes partidarias ideológicas o invitando a terceros a participar en el gabinete. Esta es la primera gestión en que se ha escarbado en los callejones para encontrar a las personas que puedan representar cabalmente a este gobierno; digo representar entre comillas, y es por eso que dadas las circunstancias –esa ley era necesaria– resulta muy lamentable que el propio presidente Castillo se haya opuesto, es una situación absurda. Es una ley que ha sido motivada por las personas que él ha llevado al gobierno, (…) parece que él (Castillo) está dispuesto a insistir en llenar el gobierno con los peores, con aquellos que no tienen CV (currículum vitae) sino prontuario. Definitivamente esa observación presidencial va a merecer la insistencia del Congreso y si el presidente presenta una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, éste terminará por declarar, como corresponde, que esa ley es claramente constitucional y habremos acabado este triste episodio creado por el propio Castillo.
Sin embargo, resulta paradójico que sea el propio primer ministro Aníbal Torres quien, habiendo observado la norma, sostenga ahora que no se justificaría la presentación de una acción de inconstitucionalidad.
La observación presidencial se sustenta en alguna de estas consideraciones: primero, si la ley es inconstitucional, (pero) esta ley es compatible, armónica; en segundo lugar, porque es una ley anti técnica, pero es todo lo contrario, la ley procura garantizar que no se vuelvan a repetir estos episodios en este gobierno y que los peores se encarguen de ejercitar acciones de gobierno; y la tercera razón es que tenga que ver con políticas generales que afectan la marcha del gobierno. (…) Ninguna de las consideraciones para presentar una observación presidencial en este caso se encuentra presente.
Como expresidente del Tribunal Constitucional, ¿qué opina Ud. del proceso de selección de nuevos magistrados que está a cargo de una Comisión especial del Parlamento y donde algunas bancadas ya han planteado flexibilizar los criterios para elegir a los mejores candidatos? ¿Cree que esta tarea de selección debe mantenerse en manos del Parlamento o ser asumida más bien por una entidad externa?
Siempre he sido partidario de que el Congreso lleve a cabo el proceso de selección por invitación porque cuando es por concurso eso desanima a aquellas personalidades que tienen un currículum vitae o una presencia importante y no quieren exponerla a consideraciones subjetivas de los que se encuentran en el Parlamento. El sistema de concurso tiene dos partes: la primera que es eminentemente técnica, donde se hace una evaluación y se concluye con una entrevista de los candidatos garantizando que los que pasen al Pleno tienen la solvencia profesional y los elementos suficientes para ocupar el cargo. Ahora, ya en el Pleno, es lógico que se tenga que producir un acuerdo entre las bancadas para que aquellos candidatos que han pasado el filtro puedan ocupar una de las seis vacantes. Lo que puede preocupar es que se intente alterar las reglas a mitad de camino o se intente establecer reconsideraciones si, en primer lugar, no se reconoce que habido una falla o un error; o sea, reconsiderar sin que haya una falla, un error u omisión no tiene sentido. Lo cierto y lo real es que deseamos que el Congreso de la República llegue a tomar una determinación y que esta determinación sea lo más razonable posible porque el Tribunal Constitucional hoy está en una etapa de colapso; hace cerca de 3 años están con el mandato vencido seis de sus integrantes y una fuerte división al interior que impide que se puedan tomar decisiones colectivas. Las sentencias no pueden ser una expresión de la suma de votos sino una reflexión grupal y eso no se da hoy.
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