[Entrevista] Nelson Shack: “Por amistad no se nombra a funcionarios”

He señalado en varias oportunidades que la corrupción no es solo un problema del gobierno, ni siquiera del Estado, sino de la sociedad y, por lo tanto, nos compromete a todos (…). El punto es que se constituya un ecosistema de control que funcione, de tal manera que esos casos de corrupción sean aislados, y no como sucede en nuestro país, que son de naturaleza sistemática. Me parece bien fortalecer las competencias y capacidades, no solo de la Contraloría, sino también de la Fiscalía, Procuraduría y Poder Judicial, pero eso debe ir de la mano con otras reformas vinculadas esencialmente a tener un servicio civil de carrera meritocrático en el Estado, con funcionarios bien remunerados, calificados, y también una reforma en la administración porque la burocracia en exceso genera espacios para la corrupción.

Efectivamente. Le manifestamos nuestra preocupación y él entendió la necesidad de que se dispongan las medidas correctivas necesarias para que se respeten los perfiles, que no son un capricho administrativo ni una formalidad. La designación de funcionarios de confianza, que en cada cambio de gobierno se produce, no es porque son amigos. Si son amigos, mucho mejor, pero no es por la amistad que uno nombra un funcionario, sino porque confía en que va a cumplir apropiadamente el mandato que se le da, y eso implica que tenga una serie de conocimientos, habilidades, experiencias, competencias (…). Hay varias docenas de procesos de investigación y la Contraloría está atenta a todos los nombramientos. Ya ha salido una significativa cantidad de informes sobre casos puntuales en la Presidencia de la República, en los ministerios de Transportes y Agricultura y se vienen investigando todas las designaciones. El proceso de transferencia recién ha empezado. Ha concluido a nivel de los ministerios, pero hay más de 320 entidades en las que seguramente van a producirse cambios y todo eso va a ser evaluado por la Contraloría.

No tengo la cifra en la cabeza, pero la Contraloría está emitiendo una serie de informes. Yo he estimado que se va a designar, por lo menos, a unos 800 funcionarios en los próximos meses. Por lo tanto, las cifras definitivas las podremos tener recién cuando concluya ese periodo. Y en relación al tema de los ministros, hay que ser conscientes de que desde la perspectiva legal no tienen un perfil, es decisión del presidente definir con quién trabaja. Sin embargo, los ministros que van a liderar los sectores y a manejar miles de millones de soles no tienen un perfil. Creo que eso se tiene que ajustar porque necesitamos que los altos funcionarios sean los mejores para llevar adelante las tareas de desarrollo nacional. Vamos a presentar una iniciativa legislativa para que se estandaricen los perfiles básicos de los funcionarios.

Yo estoy de acuerdo en parte con eso porque es indispensable que tenga una experiencia profesional, deseablemente en el sector público, pero no de manera exclusiva porque podría tener un buen ministro que tiene experiencia en el sector privado. Yo no lo restringiría a que tenga experiencia directa en el sector porque, en la práctica, el ministro, que es una autoridad política, debe tener una visión general de todo lo que pasa en su sector, pero no necesita conocer en detalle los temas específicos, para eso están los viceministros. Por lo tanto, el perfil del ministro, a mi juicio, debe considerar que sea profesional, que tenga un mínimo de experiencia profesional, ocho o diez años, pero, además, como líder del sector, tener una conducta intachable y credenciales democráticas comprobadas.

La decisión de qué se hace o no se hace con los recursos públicos es del Ejecutivo, de quien gobierna, nosotros no podemos entrar a discutir si es una buena o mala idea que se den bonos o que se hagan más o menos carreteras o canales de riego, pero lo que sí podemos hacer, en el marco de nuestras competencias, es alertar si no se están cumpliendo las reglas macrofiscales (…) evidentemente la Contraloría hará la alerta respectiva.

En primer lugar está claro que no hay un corrupto público sin un corruptor privado; por lo tanto, en cada acto de corrupción que encontramos, alertamos y revelamos, siempre hay detrás un actor privado, pero el gobierno no necesita que la Contraloría le dé una lista de empresas o de personas privadas, naturales o jurídicas, involucradas en esos actos de corrupción o inconducta funcional; esa es una tarea que tiene la Procuraduría, el gobierno tiene esas listas (…). Sin embargo, en una semana más podríamos nosotros hacer un análisis de todos los informes de control que la Contraloría ha publicado, que son miles, y ver cuáles son las empresas que han estado involucradas, pero es una lista de referencia porque es el sistema de justicia, a través de la Procuraduría Anticorrupción, la que tiene la lista concreta de las empresas que están siendo investigadas en supuestos casos de corrupción con el Estado.

Siempre se ha hablado de corrupción en el Perú. Sin embargo, no había una estimación más o menos oficial del tamaño de la pérdida de recursos públicos del presupuesto por corrupción y también de inconducta funcional. Eso no lo sabe nadie, nadie lo ha sabido y nunca lo va a saber porque el acto corrupto es opaco, clandestino, la coima no deja factura, no se puede llevar una contabilidad. Nosotros hemos calculado, en relación con el año pasado, que se han perdido 12 soles de cada 100 soles que se gasta en el Estado; es decir, 12.6% del presupuesto público se pierde por corrupción. Eso es aproximadamente 22 mil millones de soles a nivel nacional.

Sí. En un esfuerzo por transparentar toda la información hemos creado un mecanismo para saber, región por región, cuántos funcionarios públicos están siendo comprendidos con responsabilidades administrativas, civiles y penales. El año pasado estuvieron involucrados casi 6,700 funcionarios públicos en estos actos de inconducta funcional y corrupción que generaron una pérdida estimada 22,000 millones de soles.

Considerando los controles posteriores y las alertas, son más de 14 mil informes los que han salido a nivel nacional vinculados al tema de la pandemia, detectando responsabilidades, identificando situaciones adversas. La Contraloría se ha desplegado a nivel nacional de una manera muy importante para poder dar cobertura al manejo de los recursos vinculados a la pandemia, pero, en el caso de las sanciones, también han salido muchos informes postulando sanciones administrativas, no solo civiles sino también penales. En el caso del Vacunagate, han salido cinco informes comprendiendo a funcionarios de Relaciones Exteriores, Salud, Digemid. Lo que sí vamos a hacer a partir del último trimestre de este año es una auditoría de desempeño en materia de COVID-19, tanto de la parte del expresidente Vizcarra como del gobierno del presidente Sagasti (…). Se han dispuesto más de 134 mil millones de soles para la gestión del COVID; lo cierto es que la cantidad de muertos que hemos tenido en el Perú es la más alta del mundo, y además la recesión económica ha sido tremenda. Claramente ha habido problemas de gestión. Por tanto, vamos a hacer una auditoría de desempeño que se publicará todavía el próximo año, pero más que con el propósito de sancionar, con el fin de aprender de los errores que se han cometido...

Se van a llevar a cabo acciones de control a una muestra significativa de colegios que permitan ver, efectivamente, cuál es el estado de los colegios, pero lo vamos a hacer una vez que tengamos el plan que estamos elaborando. Esperamos tener una reunión con el ministro de Educación, Juan Cadillo, en los próximos días porque evidentemente muchos colegios no tienen agua e incluso, producto de los últimos movimientos sísmicos en varias regiones, algunos están prácticamente colapsados. Por otro lado necesitamos ver cómo va a ser ese retorno a clases. (…) Para nosotros es particularmente importante conocer, antes de desplegar nuestras acciones de control, cuál es el plan que tiene el Ministerio de Educación para este retorno que requiere de una serie de medidas tanto de infraestructura como de gestión, y sobre las cuales, hacia fines de este año y principios del próximo, la Contraloría desplegará un megaoperativo.

Hemos tomado conocimiento de lo que ha dicho el ministro Hernando Cevallos, con quien también hemos tenido una conversación y vamos a tener una reunión de trabajo en los próximos días, porque lo más importante es evitar que haya esa tercera ola y eso está directamente relacionado con medidas vinculadas a poder lograr la provisión oportuna del oxígeno, pero sobre todo de la vacunación. Estamos desarrollando un control concurrente en el tema de la vacunación, ya se han emitido más de 1,200 informes durante este último tiempo y el gobierno del presidente Sagasti tomó una serie de medidas correctivas a partir de nuestras alertas. Al igual que en el caso de la educación, el tema de la salud va a ser objeto de un operativo para ver qué es lo que sucede respecto de la real disposición de los establecimientos de salud.