(Foto: GEC)
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La tarde del 21 de enero del 2023, el Gobierno publicó en una edición extraordinaria una resolución sin precedentes en la que decide retirar al general Jorge Angulo de su puesto de comandante general de la Policía Nacional del Perú, imputándole la responsabilidad de los altos indicadores de criminalidad y el fracaso de la declaratoria de estados de emergencia en varias jurisdicciones del país para combatir la delincuencia.

Esa decisión fue el detonante de una serie de declaraciones que han llevado al Ministerio Público (MP) a investigar las presuntas injerencias y presiones del actual ministro del Interior, Víctor Torres, para pasar al retiro a mandos policiales indiscriminadamente. Este viernes 9 de febrero, Angulo acudirá a las instalaciones del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía para prestar su declaración.

En ese contexto, conversamos con el abogado Luis Herrera Romero, analista político y exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior.

¿Qué implica la cita de Angulo a la Fiscalía?

Es el inicio de actividades de investigación preliminar que está realizando el MP para evaluar qué tanto el actual ministro del Interior ha pretendido manosear la Policía, y aquí lo más grave de lo que ha declarado el general Angulo ha sido la presunta recomendación hacia Fovipol (Fondo de Vivienda Policial) para que reciban a un proveedor específicamente en materia de seguros. Eso claramente es un tema delictivo, porque estamos hablando de pretender dirigir una contratación. Eso es muy grave. Lo otro, si el general Angulo tiene cómo demostrar las presiones que han venido del despacho ministerial para el tema de los cambios en unidades policiales sensibles, dejaría en muy mal estado al ministro y, por decoro, ya debería dar un paso al costado antes que el Congreso lo censure.

También hay un cuestionamiento relacionado a la legalidad de pasar al retiro al general Angulo...

Se estableció un periodo de dos años para el comandante general con la intención de evitar el manoseo constante que se estaba dando en el gobierno del presidente Castillo, que se cambiaba a los comandantes generales cada 3 o 4 meses. Pero esto tampoco es que sea una patente de corso para que los comandantes generales hagan todo lo que quieran. No olvidemos que todo esto se genera a raíz de la agresión que sufre la presidenta de la República en Ayacucho. Ante esta situación, la presidenta, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, le puede pedir su renuncia al comandante general. Lo que está muy mal es la forma como se hizo el despido a Angulo, culpándolo del aumento del delito, de la inutilidad de los estados de emergencia. Eso escapa de todos los cánones lógicos y legales.

¿Esta discusión terminará con Angulo de vuelta en la Policía?

Eso va a terminar con que el Poder Judicial le conceda una acción de amparo y lo retorne al general Angulo. Mi experiencia me dice que cualquier juzgado le va a dar la medida cautelar porque ese argumento de que él es el culpable por ineficiente, es una falacia, eso no está escrito en ningún reglamento. ¿El delito de qué depende? La prevención del delito depende de todo el Estado. Entonces los que han fracasado son el gabinete. Ahí ha habido una pésima asesoría a la presidenta de parte del premier y del ministro del Interior. Ambos hace rato han debido irse a su casa.

¿En qué tiempo debe estar resuelta la medida cautelar?

Puede estar resuelta en unos cuatro o cinco meses aproximadamente.

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