Encuesta Ipsos-Perú21: El 70% de peruanos dice que responsabilidad por los ‘mochasueldos’ recae en los partidos

Además, el 95% considera que, al igual que María Cordero Jon Tay, otros once legisladores denunciados por el recorte de sueldos a sus trabajadores también deben ser suspendidos y puestos a disposición de la justicia.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

27/03/2024 - 07:03

Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Fuerza Popular son los cinco partidos políticos que llevaron al Congreso a los doce legisladores que han sido acusados en este quinquenio de recortar los sueldos de sus trabajadores; pero también son, en opinión del 70% de la población, las agrupaciones responsables de estas inconductas, revela la última encuesta nacional realizada por Ipsos para Perú21.

Tras consecutivas denuncias, una más grave que otra, sobre el accionar delictivo de algunos parlamentarios que condicionaron la continuidad de su personal a la entrega de un porcentaje de sus remuneraciones —ya sea a través de aportes “voluntarios” para mejorar su imagen o compensar apoyos de campaña, por ejemplo—, los encuestados tienen claro, además, que la sanción para ellos debe ser drástica y pasa necesariamente por el levantamiento de su inmunidad para permitir su procesamiento judicial.

Un 95% de la población respalda esta opción y apenas un 3% considera que los ‘mochasueldos’ deben continuar en sus funciones. Lamentablemente, el actual Parlamento solo ha castigado con esta decisión a la exfujimorista María Cordero Jon Tay; al resto lo ha blindado con amonestaciones tibias y una que otra multa o archivando sus casos.

Precisamente sobre el caso Cordero, un 89% de entrevistados por Ipsos respalda su desafuero; la cifra se eleva a 94% en Lima y al 95% en la zona oriente del país. Como sea, el rechazo a esta irregular práctica —sobre la cual tiene pleno conocimiento el 66% de peruanos— es contundente.

ANÁLISIS

“Hay que ver los filtros que se utilizan”

JOSÉ CARLOS REQUENA. Analista político.

Los partidos políticos tienen una responsabilidad importante, muchas veces se dejan llevar por algunos aspectos monetarios —quién aporta más a la campaña—, o simplemente por el caudal electoral de cada persona, pero creo que hay que ver a qué te enfrentas cuando avalas a personas con estos antecedentes y comportamientos. Muchas veces los partidos dicen no tener posibilidades de hacer un filtro, pero la responsabilidad va más allá y eso es algo que no están haciendo.

¿Qué debemos esperar de ellos? En realidad, tanto los partidos como los órganos electorales están ahora muy pegados a aspectos reglamentaristas, no hay un filtro adicional; (...) los partidos deben asumir una responsabilidad con sus candidatos, pero también las autoridades facilitar que los representantes reales de los partidos sean los que lleven la representación parlamentaria.

Hay una situación inédita en la medida que estos casos (de los ‘mochasueldos’) parecían muy aislados, particulares, pero ahora estamos hablando de un número considerable de congresistas de bancadas de distinto corte ideológico. Nuevamente, hay que ver bien los filtros que se utilizan y si hay los mecanismos para sancionar a estos partidos, quizás quitarles la representación o algún otro mecanismo que evite los sucesivos pasos a una u otra bancada, eso es algo que tiene que evaluarse.

En cuanto a ese 95% que cree que, al igual que María Cordero Jon Tay, los otros congresistas denunciados también deben ser suspendidos para ser procesados, no es relevante que haya un cambio solamente cosmético, en general tiene que haber consecuencias. Si algo positivo trae la respuesta es que la dinámica de ‘roba y hace obra’ habría pasado y hay una mayoría muy importante que cree que los congresistas que habrían cometido delito deben ser sancionados; eso pudiera significar un cambio, que la ciudadanía, harta ya de casos de corrupción, opte por opciones que garanticen alguna rendición de cuentas mínima.

ANÁLISIS

“Se necesita una reforma electoral”

MARTÍN CORONADO. Politólogo.

Sin duda es algo positivo que casi dos tercios de la población esté enterada de los congresistas ‘mochasueldos’ que es una práctica que se ha visto no solo en este Parlamento sino en varios congresos.

Respecto a ese 95% que cree que además de María Cordero, otros 11 congresistas deben ser suspendidos, sin duda, pero el Congreso no parece estar en la misma sintonía de la población. Una vez más, el caso de Cordero parece ser la excepción, es la única que ha sido sancionada tanto en la Comisión de Ética como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero hay otros 11 casos todavía pendientes, algunos llevan ya más de un año; creo que la estrategia es distraer a la opinión pública para terminar pasándolos por agua tibia.

Se pregunta si son estos casos responsabilidad de los partidos o de los individuos, y si bien va por ambos lados, es una actitud (la de recortar los sueldos) que (los parlamentarios) pueden haber aprendido dentro del mismo partido porque hemos visto cómo muchas veces para conseguir una candidatura en cierto partido se necesita cierta cantidad de dinero, incluso María Cordero, en los audios que se develan, sugiere que tendría que dar algún tipo de contribución a su partido y por eso también estos congresistas se dedican a mochar sueldos; es un círculo vicioso que se repite, una práctica institucionalizada parece.

(¿Qué deberían hacer los partidos?) Ya sería un poco confiar en que ellos hagan sus propios filtros, creo que (esto) va más por la necesidad de una reforma electoral profunda en la que hemos visto un retroceso en los últimos meses, como la eliminación de las elecciones primarias que (…) sería positiva porque de alguna manera eliminas el hecho de la compra de números para ver cómo te posicionas en la siguiente carrera electoral y la necesidad de estar aportando a tu partido de manera extraoficial; es un incentivo perverso que beneficia a aquellos que tienen capacidad de aportar y que al final van a buscar devoluciones.

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