Han celebrado cada una de estas leyes. En algunos casos hubo necesidad de juntar a perro, pericote y gato para lograr sus particulares propósitos. Para ellos, una victoria; para la población, un atentado. Con sus votos han dado carta libre para el avance de la minería ilegal, para tirar abajo la meritocracia docente y para desterrar lo que debía ser una jubilación digna. Las leyes aprobadas por el Congreso en las últimas semanas, no son compartidas por la ciudadanía.
Así, la ley que permite la tenencia ilegal de explosivos y operar sin restricciones a personas con inscripción suspendida en el Reinfo es cuestionada por los peruanos. Un 79% es consciente de que esta ley favorecerá a la minería ilegal, según revela la última encuesta de Ipsos para Perú21.
En el extremo de lo que el Congreso aprobó por insistencia, los entrevistados también rechazaron la ley que permite reincorporar al magisterio a profesores nombrados interinamente y que fueron retirados por no rendir prueba o haber desaprobado. Para un 78% de los encuestados esta iniciativa legislativa es negativa para la educación.
El Congreso también aprobó el séptimo retiro de los fondos de pensiones de las AFP por hasta 4 UIT. Esta propuesta aprobada por 97 legisladores no encontró oposición en el Gobierno que no observó esta decisión. Un 38% de los entrevistados por Ipsos se mostró en desacuerdo con esta ley.
Ipsos consultó a sus entrevistados sobre cómo piensan cubrir sus gastos cuando lleguen a una edad avanzada y ya no puedan trabajar. Solo un 15% asegura que vivirá con la pensión o jubilación de su AFP o su ONP.
ANÁLISIS
ÁLVARO HENZLER // Presidente de Transparencia
“Deciden de espaldas a la población”
Una democracia en cualquier sociedad no funciona cuando los representantes que elegimos comienzan a implementar leyes o iniciativas que van en contra del interés básico de la gente. Hoy la ciudadanía básicamente está necesitada de una buena economía, de una buena educación para sus hijos, y de seguridad ciudadana en sus barrios y comunidades.
Las tres leyes en cuestión sometidas a la consulta de la población justamente atacan una a una las tres necesidades más concretas de la gente: una economía futura con pensiones, una educación con calidad y una seguridad ciudadana para su familia.
Como se ve en esta encuesta de Ipsos, la actitud tomada por el Congreso con relación a salirse de la meritocracia docente, en promover deliberadamente la minería ilegal criminal, y en una política que no logra recomponer un sistema de pensiones justas para el Perú, es contraria a la opinión de la ciudadanía.
Es un Congreso que vota, que decide de espaldas a la opinión ciudadana y por intereses. Es el resultado de una democracia que ha sido —por muchas acciones del Congreso— tomada por intereses particulares, mercantiles, en el caso de la educación, y también mafiosos, que están beneficiando a las economías ilegales muy unidas a la criminalidad en el país.
La encuesta revela una vez más que tres leyes aprobadas por el Congreso están radicalmente opuestas a la opinión ciudadana y a lo que hace bien para la educación, la economía y la seguridad ciudadana.
En estas leyes se puede comprobar que una tremenda minoría mediocre, y antimeritocrática del profesorado nacional y una amplia minoría de minería ilegal criminal son las que marcan el ritmo, la pauta, las votaciones en el Congreso, frente a una gran mayoría que está buscando una minería formal legal y sostenible y una educación de calidad para todos los niños y niñas peruanos.
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