El 81% de limeños no se siente seguro cuando, por algún motivo, se ve obligado a hablar por celular en la calle, revela la última encuesta de Ipsos. (@photo.gec)
El 81% de limeños no se siente seguro cuando, por algún motivo, se ve obligado a hablar por celular en la calle, revela la última encuesta de Ipsos. (@photo.gec)

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), diariamente son robados unos 4,400 teléfonos móviles a nivel nacional. La cifra grafica con frialdad cómo ha aumentado la comisión de este delito.

El dato está muy asociado al sentimiento de temor que tienen los peruanos al salir a las calles, el cual refleja claramente la última encuesta realizada por para Perú21: en Lima, el 82% se siente inseguro cuando camina solo en las noches por su barrio y un 81% tiene la misma sensación cuando debe hablar por teléfono celular.

A nivel de regiones, las cifras también son altas, sobre todo en el sur, donde un 71% afirma sentirse inseguro al caminar por las calles; también en el oriente, donde se registra un 68%.

Pero esta no es la única modalidad delictiva en el Perú. En los últimos años el crimen organizado ha experimentado un alarmante incremento y, en ese contexto, las autoridades policiales han identificado y alertado sobre el accionar de la banda criminal de origen venezolano denominada .

El sondeo de Ipsos también ausculta a los peruanos sobre este grupo criminal al que la Policía Nacional responsabiliza de extorsiones, sicariato, trata de personas, etc. Al preguntarles si han escuchado hablar de esta red, a nivel nacional hay un 51% de encuestados que sostiene contar con información sobre esta organización, pero la cifra sube a 71% en Lima y baja a 40% en el interior del país.

Ello, paradójicamente, a pesar de que las autoridades han informado que el Tren de Aragua ha extendido sus redes ya a, por lo menos, diez regiones. No obstante, el 75% reconoce una participación muy grave de esta banda en la generación de los delitos que se registran en el país.

CIERRE DE LOCALES

Otro aspecto abordado en la encuesta está referido al cierre arbitrario de locales comerciales por parte de los alcaldes, como sucedió recientemente con el establecimiento de la Granja Azul, en Ate.

Al respecto, un 64% a nivel nacional considera que las multas tan altas que se imponen a estos negocios y que, al no poder ser pagadas, derivan en su cierre, son una suerte de extorsión de los municipios a las empresas porque quieren una coima para dejarlos trabajar.

En virtud de ello, un 78% de los encuestados señala que los empresarios afectados por ese tipo de prácticas debe denunciar el abuso de autoridad.

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