La propuesta de separarse de cualquier órgano nacional e internacional que fiscalice el ejercicio del Poder Ejecutivo y vele por los derechos humanos de la ciudadanía, es un claro ejemplo de que dichos organismos autónomos y la sociedad civil organizada podrían verse afectados ante un eventual gobierno del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.
Así lo advirtió el antropólogo y director de la Facultad de Comunicaciones de la universidad Científica del Sur, Raúl Castro, quien señaló que este discurso ha sido reiterado en distintas oportunidades por el aspirante a la presidencia.
“El mayor riesgo que afrontamos con ambas candidaturas es el respeto a la independencia de las instituciones. En el caso de Castillo, ha tenido la sucesiva recurrencia de tratar de invalidar cualquier órgano que pueda fiscalizar a un Ejecutivo omnipotente. El más flagrante fue el ataque que lanzó contra la Defensoría del Pueblo”, indicó a Perú21.
En esa línea, dijo que otras instituciones que también podrían ser vulneradas son los colegios profesionales, la Confiep, la Asociación de Universidades Privadas, la Sociedad Nacional de Industrias y otros grupos que parten de una iniciativa civil organizada.
“Hemos visto amenazas a la Sunedu, a la Sutran, estamos hablando de órganos de vigilancia y si desaparecen quedaría espacio para el autoritarismo y la concentración de poder, lo que haría peligrar el sistema democrático. Con la Confiep y otros gremios sucedería lo mismo, hablamos de riesgos para toda la sociedad civil en su conjunto”, sostuvo.
El especialista señaló que, en base a la experiencia inmediata tomada de otros países de la región, se está buscando entorpecer la gobernabilidad eliminando mecanismos de control de la administración pública y de los derechos.
En el caso de Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Castro refirió que su proceso de investigación y sus intereses políticos podrían hacer peligrar el orden democrático.
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“Sus ya conocidas prácticas de influencia mediante intereses subalternos en los otros poderes del Estado dejan la presunción de que existe una racha de favores que surgió sistemáticamente desde que tuvo mayoría en el Congreso, bloqueando investigaciones contra Edgar Alarcón y César Hinostroza”, explicó.
Para el analista político Gerardo Távara, ambos casos representan un riesgo para la sociedad. “Castillo tiene una visión demasiado plebiscitaria de la participación ciudadana y en base a ello, hace propuestas que no son del todo viables. Por ejemplo, decir que va cerrar el Tribunal Constitucional para que los ciudadanos elijan a sus miembros, en el ordenamiento constitucional, no es factible. Descartar a la Defensoría, tampoco lo es”, aseguró.
En el caso de Fujimori, Távara consideró que sus constantes calificativos contra los votantes de su contrincante inciden en la libertad de opinión. “Que ataque o califique de comunistas a todas las personas que se aproximan hacia la opción de Pedro Castillo es una descalificación y un desconocimiento del derecho a la libertad de opinión de las personas. Como aspirante a la presidencia, no puede atentar contra ello”, expresó.
En tanto, el abogado Rómulo Torres manifestó que tanto los planteamientos plasmados en el Plan de Gobierno de Perú Libre, como las afirmaciones de Castillo, carecen de sustento constitucional.
“Para aplicar sus ideas a la realidad habría que contradecir la Constitución. A su vez esto podría demostrar rasgos de autoritarismo o es un candidato presidencial que desconoce el debido proceso según el marco legal vigente”, añadió.
Una de las afirmaciones más cuestionadas de Castillo fue su intención de desactivar la Defensoría del Pueblo, al punto que tuvo que retractarse en su versión. La abogada Josefina Miró Quesada, quien trabajó en dicho organismo, adelantó que ningún presidente tiene potestad de desactivarla.
“Ningún presidente o cualquier otro alto funcionario tiene la competencia para “desactivar” a la DP, que es un órgano constitucionalmente autónomo. No depende de ningún poder del Estado. Su misión es promover y defender los derechos fundamentales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos”, precisó.
Agregó que si un presidente lo hiciera de facto, estaría vulnerando la Constitución y podría ser vacado y eventualmente inhabilitado. “Al margen de ello, si ocurriese de facto, no sólo sería una amenaza para la protección de los derechos humanos, sino que implicaría un riesgo en la concentración del poder”, aseveró.