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El país se debate entre el cierre del Congreso y la inhabilitación del presidente
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El de ayer fue un día de reveses para el presidente Pedro Castillo y su gobierno. No solo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento aprobó el informe que recomienda acusarlo por antejuicio político por el presunto delito de traición a la patria e infracción de la Carta Magna. También la Comisión de Constitución mandó al archivo el proyecto presentado por el Ejecutivo, en abril último, para derogar la Ley Nº 31355 referida a la aplicación de la cuestión de confianza. Con ello le quitó argumentos al gobierno para plantear este mecanismo ante el Pleno, tal cual lo anunció, días atrás, el premier Aníbal Torres con el fin, según analistas, de allanar el camino para un eventual cierre del Parlamento.
ACUSACIÓN
La jornada parlamentaria empezó muy temprano con el debate y votación en el subgrupo de Acusaciones Constitucionales del informe que no solo concluye en la acusación contra el jefe de Estado, sino que recomienda su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco años.
Once votos avalaron el informe y sellaron la suerte de Castillo, quien ayer mismo fue notificado de la decisión, a través de un oficio remitido por el presidente del Legislativo, José Williams, quien lo invitó a la sesión de la Comisión Permanente que se realizará el miércoles 16 de noviembre con el fin de que haga efectivo su derecho a la defensa de manera presencial.
La decisión generó una reacción en cadena en el Ejecutivo, desde donde el titular de Justicia, Félix Chero, arremetió contra los congresistas tildándolos de “ignorantes jurídicos”, mientras que Alejandro Salas, de la cartera de Trabajo, anticipó que utilizarán la acusación como un argumento de defensa ante la misión de la OEA que llegará a Lima la próxima semana.
En ese ínterin, como señalamos líneas arriba, la Comisión de Constitución archivó el proyecto que deroga la Ley Nº 31355 referida a la aplicación de la cuestión de confianza y sobre la cual el gobierno de Castillo planteó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) que fue declarada infundada.
Hernando Guerra García, presidente del grupo de trabajo, precisó que la “medida evitará el uso indebido de la cuestión de confianza” por el Ejecutivo para “plantear reformas constitucionales y cualquier otro asunto que sea de competencia exclusiva y excluyente de otros poderes del Estado, incluido el Congreso”.
AMENAZA VELADA
Finalmente, 16 legisladores respaldaron la decisión, lo que despertó las iras del mandatario, quien, desde Moyobamba, lanzó una amenaza velada anunciando que “en las próximas horas” daría una “respuesta contundente”. Más antes, en tono retador, aseguró que “da la cara siempre” y desafió a los “golpistas” a debatir sobre si ha cometido o no traición a la patria. Pero poco le duró el entusiasmo y, en lugar de dar la cara, viajó a Cajamarca, donde permanecería el fin de semana. No se sabe si para buscar respaldo en ese pueblo al que no le da explicaciones, pese a la gravedad de las denuncias en su contra, o en esas rondas campesinas a las que, sostuvo ayer, seguirá convocando “aunque –dijo– le salgan ronchas al otro lado”.
“Claramente es una amenaza al Congreso”
Por Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista.
(La reacción del presidente Castillo) claramente es una amenaza grave contra el Congreso. En su discurso no habla de la Constitución ni del Estado de derecho; habla del respeto al supuesto pueblo que representa. Como diría Juan Manuel Serrat, (el presidente) “habla en nombre de quien no tiene el gusto de conocer”.
Creo que nos podemos acercar a una disolución del Congreso porque si él dice que la cuestión de confianza ha sido mal rechazada por el Congreso, lo más probable es que arguya que ha habido una denegación fáctica, desempolvando así el argumento que usó Martín Vizcarra, para renunciar al gabinete, nombrar uno nuevo y decir que va 1-0, que suma para la disolución del Congreso.
Por lo tanto, convertiría la derrota de hoy en una suerte de victoria pírrica, acercándonos más a la crisis en el Congreso. Si ya se archivó el proyecto de ley en la Comisión de Constitución, se supone que ahí debería quedar zanjado el tema para quienes respetamos las leyes.
Sabía que
Pedro Castillo está acusado de infringir la Constitución al declarar a CNN sobre la posibilidad de convocar a un referéndum para dar acceso al mar a Bolivia.Rubén Vargas indicó que “lo que haga el presidente en términos de su estrategia de defensa poco importa porque, según la Fiscalía, es la cabeza de una organización criminal y lo que ha venido haciendo es obstaculizar las investigaciones”. “Corresponde que el Congreso haga su parte de manera urgente; las cosas se pueden salir de control”, señaló.“Ejercemos control político; no se puede decir que es un intento de golpe de Estado” dijo la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.
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