Luego de que Odebrecht presentara una demanda contra el Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -a través de un comunicado- aseguró que “el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias”.
La empresa brasileña, investigada por el caso Lava Jato, exige un pago de US$1,200 millones de indemnización, bajo el argumento de que “el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP)”.
“El Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el contrato de concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado”, resaltó el Ministerio de Economía.
Asimismo, recordó que el Estado “ha obtenido fallos favorables frente a reclamaciones por más de US$50 mil millones, en más de uan docena de casos presentados”.
Del mismo modo, el MEF reafirmó el compromiso que existe por luchar contra la corrupción, y aseguró que “se reserva todos sus derechos bajo la legislación vigente, incluyendo en materia anti-corrupción, y el derecho internacional público”.