El 75% de la población pide drástica sanción para las congresistas ‘mochasueldos’

La última encuesta realizada por Ipsos para Perú21 no deja duda del fastidio e indignación de la población respecto de estos hechos. Un 75% de los encuestados a nivel nacional considera que las parlamentarias ‘mochasueldos’ –Heidy Juárez (Podemos Perú), Katy Ugarte (no agrupada), María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), Magaly Ruiz, María Acuña y Rosío Torres (estas tres últimas de las filas de Alianza para el Progreso)– deberían ser desaforadas por el Parlamento y, adicionalmente, ser enviadas a prisión por el delito cometido.

Esta cifra, sin embargo, se eleva a un 80% cuando la consulta se circunscribe a Lima, y en el desagregado por nivel socioeconómico, sube todavía más, a un 84% en el sector B, mientras que en el sector C registra un 80%, y 77% y 72% en los sectores A y D, respectivamente.

La posibilidad de que las legisladoras infractoras solo sean suspendidas –como podría ocurrir, si tomamos en cuenta casos anteriores donde este tipo de situaciones han pasado por agua tibia– no es una opción para la población. Apenas un 3% la respalda a nivel nacional. ¿Responderá el Congreso a las expectativas ciudadanas?

El sondeo fue realizado entre el 21 y 22 de abril, y le toma la temperatura también al gobierno de Dina Boluarte, quien, con más de 100 días en el cargo, no genera entre los ciudadanos una percepción de cambio en diferentes campos como la lucha contra la corrupción, la inseguridad ciudadana o la situación política del país. Por el contrario, el porcentaje de descontento es elevado.

En un país como el nuestro, con altos niveles de criminalidad, hay un 70% que cree que el control de la delincuencia ha empeorado o sigue igual (28%), y apenas un magro 1% opina que ha mejorado.

Otro aspecto consultado es el de la corrupción. Con el antecedente de tener a tres expresidentes de la República presos por este delito, solo un 4% de peruanos percibe que en la actual administración el control de este flagelo ha mejorado. Un 48% cree que sigue igual y un 46% sostiene que, por el contrario, ha empeorado.

En otros campos, como el político y económico, la cosa no va mejor. En ambos casos hay un 57% que considera que la situación se ha agravado, y lo mismo pasa con la gestión pública de los ministerios (38%).

En medio de este panorama, la posibilidad de un adelanto de elecciones es considerada como la mejor opción. Hay un 74% de entrevistados que respalda el anticipo de comicios generales para el próximo año y solo un 4% para 2025; otro 17% considera que la actual mandataria debe concluir su periodo gubernamental en 2026.

Estas cifras resumen el panorama nacional. No obstante, si se les pregunta a los ciudadanos por un adelanto de elecciones para 2024 , ese 74% a nivel nacional se eleva a un 78% cuando la consulta se hace en el interior del país y en Lima asciende a un 67%.

Otro aspecto abordado por la encuesta de Ipsos es el referido a los desastres naturales. En una coyuntura de emergencia, con lluvias, huaicos e inundaciones que han golpeado y siguen afectando a diversas regiones del país, la mayoría de los entrevistados identifica al gobierno central como el principal responsable no solo de prevenir los daños (43%) sino también de ayudar a la población afectada (54%) poniendo al margen a los gobiernos regionales y municipales pese a que estos tienen la obligación funcional y el presupuesto para realizar esa tarea.

La corrupción no deja de ser importante. Claramente, el ciudadano la ubica como uno de los grandes males nacionales, obviamente impactado por los escándalos que se tienen a veces con los políticos o con algún sector de empresas, pero también la respuesta de que le afecta más es por la corrupción que a veces acompaña un hospital, un colegio, en el día a día, en el tránsito. Hay corrupción también en lo cotidiano.

Esta es una gran oportunidad para que las autoridades muestren eficiencia, productividad, inicio de resolución de problemas porque es lo que la gente busca, que el Estado sea eficiente, y una expresión del Estado son los gobiernos regionales y municipales que lamentablemente todavía tienen, en general, una gran factura pendiente de demostración de solución de problemas para el poblador, de obras que no se ejecutan, porque recursos hay. Entonces, es la gran oportunidad para ir revirtiendo esta imagen de ineficiencia que se tiene en general y de descrédito que se tiene en los miembros de la clase política que, al convertirse en autoridades, no ejercen de manera eficiente el cargo.

En muchísimos años se ha presentado un salto importantísimo en la inflación. Hemos estado acostumbrados a saber que la inflación iba a fluctuar en el rango de 3% y 1% y de pronto hemos visto escenarios donde la inflación promedio se ha disparado y se ha sentido sobre la canasta básica de la población. Más allá de que esto haya sido un efecto global, en el Perú, en determinados momentos, esto se ha exacerbado, como a comienzos del año con las protestas, violencia y bloqueo de carreteras, que impedían que los productos circularan; después apareció el tema de las lluvias y los huaicos, y nuevamente determinados productos de esas zonas experimentaron subidas de precios.

No se puede evidentemente dar soluciones, como control de precios. Esas cosas no funcionan, pero sí podría identificarse a los segmentos más vulnerables de la población y continuar dándoles algún tipo de apoyo con vales en productos, para la compra de combustibles para cocinar… Lo otro que ayudaría es dar un clima de tranquilidad a la población, de consenso entre los actores políticos para evitar que se presenten bloqueos y paralizaciones porque eso al final hace que los productos se encarezcan más.

La grave inestabilidad política está condicionando que no se lleven a cabo eficaces políticas públicas en materia de seguridad. La alta rotación de ministros y comandantes generales, y la falta de institucionalización de la Policía Nacional, está generando que el liderazgo se vaya perdiendo progresivamente y, a pesar de los esfuerzos que puedan hacer quienes están a cargo temporalmente, no se puede planificar una política pública de seguridad proyectivamente, a seis meses o un año, porque no sabemos si van a durar en esos puestos. Esa es una de las causas de que la población se sienta afectada por la inseguridad.

(…) No se sabe si la presidenta Dina Boluarte va a durar hasta el próximo año o se va a quedar, hay un Congreso desprestigiado. Entonces, una de las principales instituciones que sienten este remezón es la PNP; se podrá hacer esfuerzos, planes, pero fallamos en la ejecución. Lo único que funciona en el Perú mal o bien es la economía porque no se contamina con el aspecto político. A pesar de todas las crisis que tenemos, mantenemos cierto equilibrio monetario, pero el tema de inseguridad no es un problema que se puede controlar con buenas intenciones.