Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros. (PCM)
Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros. (PCM)

Redacción PERÚ21

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El aprobó ayer el proyecto de reforma electoral cuyo objetivo es evitar que personajes corruptos sean elegidos como autoridades en los comicios regionales y municipales de 2018, así como evitar la filtración de dinero ilícito en las campañas.

Además, aprovechó la coyuntura para plantear el retorno del sistema bicameral en el Poder Legislativo con una Cámara de Diputados de 100 miembros elegidos en lista cerrada, y una Cámara de Senadores de 30 integrantes con edad mínima de 45 años elegidos por distrito único.

Durante la presentación de la iniciativa, que será enviada al Congreso, el premier Fernando Zavala enfatizó la decisión del Ejecutivo.

"La corrupción ha penetrado en todos los niveles del gobierno. Esta es una dura realidad que debemos afrontar con firmeza", afirmó tras indicar que el proyecto se trabajó en coordinación con la bancada de Peruanos por el Kambio.

La titular de Justicia, Marisol Pérez Tello, presentó las propuestas, entre ellas la que considera el levantamiento del secreto bancario y tributario de los candidatos.

Candidatos bajo lupa

"Hemos considerado que, desde que un ciudadano decide ser candidato a elecciones internas, autoriza a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a acceder a su secreto bancario, tributario y bursátil", indicó.

Si el candidato resulta elegido, la autorización regirá hasta dos años después de haber culminado su mandato.

Además, se prohibirá que sean postulantes los condenados por delitos graves: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción, homicidio, secuestro, violación de la libertad sexual, delitos contra la humanidad, y delitos dolosos contra el Estado y administración pública.

También se exigirá que los candidatos informen sobre ingresos, impuestos, acciones, sociedades y procesos abiertos, a fin de conocer sus patrimonios o intereses. Para luchar contra el lavado de activos, los partidos estarán obligados a reportar operaciones sospechosas de acuerdo con las normas de la UIF.

También se prohíben los aportes de gobiernos extranjeros y el de las personas jurídicas que tengan menos de tres años en el país, se exigirá que todo aporte mayor a una UIT sea bancarizado y se propone elevar el monto máximo de aporte por persona, natural o jurídica, a 200 UIT.

Financiamiento

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