Edgar Alarcón afronta seis procesos penales ante la Fiscalía. (Foto: GEC)
Edgar Alarcón afronta seis procesos penales ante la Fiscalía. (Foto: GEC)

Sobre siguen acumulándose graves denuncias, pero su situación no le importa al Congreso. El legislador de Unión por el Perú (UPP) continúa impunemente en la presidencia de la Comisión de Fiscalización, pese a tener seis investigaciones penales, y los legisladores cómplices dilatan las acusaciones constitucionales que la Fiscalía presentó en su contra.

Esta vez, un colaborador eficaz del caso Los Saqueadores de Ilabaya, en Tacna, comprometió al parlamentario con la recepción de pagos ilícitos cuando este era la cabeza de la Contraloría.

El delator, identificado con número 18-2020, contó al fiscal anticorrupción Ludwing Flores Valdivia que durante la gestión de Luis Miguel Cerrato Tamayo, como alcalde de Ilabaya, este expresaba que no temía a las auditorías de la Contraloría porque conocía a Alarcón.

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“Tengo conocimiento de que Luis Miguel Cerrato Tamayo, cuando era alcalde distrital de Ilabaya, tuvo inspecciones de control por parte de la Contraloría Tacna a dicha municipalidad, siendo que este siempre se mostraba despreocupado porque indicaba que tenía comunicación directa con el entonces contralor Edgar Alarcón Tejada”, declaró el domingo 15 de noviembre.

Luis Cerrato es sindicado de encabezar Los Saqueadores de Ilabaya, una organización criminal que operó entre 2015 y 2018 y que se dedicó a desfalcar al Estado simulando contratos con trabajadores y servicios fantasmas. Según la indagación, la red se hizo de hasta S/18 millones.

Cerrato fue burgomaestre de esa localidad tacneña, ubicada en la provincia de Jorge Basadre, que limita con Moquegua, durante dos periodos seguidos. Primero entre 2010 y 2014, con el partido Frente Regional Unidos por Tacna, y luego entre 2015 y 2018, con la organización Arriba Tacna.

Mensualmente, de acuerdo a la hipótesis fiscal, la exautoridad edil exigía S/10 mil a su gerente general de turno, que conseguía el dinero a través de los contratos simulados.

Según el colaborador, Cerrato reveló que se abonó dinero ilícito a Alarcón a cambio de que los informes de Contraloría no advirtieran ninguna irregularidad en la administración edil.

“Asimismo (Luis Cerrato) le manifestó a David José Sánchez Albertazo, quien era su amigo de universidad, que para esta protección por parte de este alto funcionario pagó la suma de dos millones de soles, hecho que guarda relación ya que nunca la Contraloría se pronunció por los hechos irregulares que sucedieron en la municipalidad”, se lee en el testimonio escrito al que accedió Perú21.

En diálogo con este diario, el fiscal Flores Valdivia señaló que lo revelado por el colaborador “amerita una investigación”. Por ello, sostuvo, elevará un informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que decida si abre o no una nueva carpeta contra el parlamentario, sobre el que ya pesan seis investigaciones. Todas iniciadas por su paso en la Contraloría, organismo del que fue destituido en 2017.

A Vizcarra también

Los tentáculos de Los Saqueadores de Ilabaya también alcanzaron al expresidente y hoy candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra. De acuerdo a la investigación, cuando Vizcarra era ministro de Transportes durante el gobierno de Pedro Pablo Kuc-zynski (2016-2018), se reunió en un restaurante en Moquegua con Luis Cerrato.

En esa cita, según testimonios, el entonces ministro le garantizó su respaldo para construir la carretera Gallinazos. “Si el encuentro era para el apoyo de una carretera, se debió realizar en un despacho ministerial no en un restaurante”, explicó Flores.

Por ese motivo, el fiscal elevará un informe a Ávalos para que evalúe si corresponde abrir un proceso. Sería el tercer caso que afronte Vizcarra.

Tenga en cuenta

Tras enterarse del testimonio, Edgar Alarcón salió a desestimarlo. “Era previsible que ante inminente aprobación del #CasoSwing, los aliados de Vizcarra lancen sus mentiras”, tuiteó.

La congresista Felícita Tocto (DD) elaborará el informe sobre la denuncia fiscal contra Alarcón por la recepción de un presunto soborno de S/30 mil cuando era contralor de la República.

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