Congreso archiva denuncia contra excontralor Edgar Alarcón por el delito de peculado doloso

El Congreso aprobó enviar al archivo este miércoles 25 la denuncia constitucional presentada contra el excontralor general de la República y exparlamentario Edgar Alarcón por el presunto delito de peculado doloso por apropiación agravada.

Por 47 votos a favor, 0 en contra y 35 abstenciones, la representación nacional desestimó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sustentado por su presidenta, Rosío Torres (Alianza para el Progreso).

En su defensa, el excongresista señaló al expresidente Martín Vizcarra de actuar en contubernio con la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos para ser denunciado. “Mis manos y mi conciencia están limpias, mi proceder fue correcto”, manifestó.

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Como se recuerda, Edgar Alarcón había sido denunciado por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el presunto delito de peculado doloso por apropiación agravada.

Los cargos que se le imputan a Alarcón derivan de un informe del órgano de control institucional de la Contraloría General, en el que se indica que cuando desempeñó diversos cargos en dicha entidad, autorizó pagos por servicios que no fueron prestados.

De acuerdo a la Fiscalía, el perjuicio que habría ocasionado al Estado ascendería a S/ 490.877, repartidos en S/ 32.417 en pagos con recursos de caja chica, y S/ 458.460, con la emisión de comprobantes de pago.

En enero del 2021, Edgar Alarcón interpuso un escrito ante la subcomisión parlamentaria, requiriendo que el caso sea archivado al considerar que los hechos que son materia de la denuncia no constituyen un delito que pueda atribuírsele.

El entonces parlamentario argumentó que el recurso interpuesto en su contra por la fiscal de la Nación, “carece de objetividad y vulnera el principio de imputación necesaria”.

Como se recuerda, Edgar Alarcón fue suspendido en el cargo hasta que se resuelva la acusación constitucional en su contra aprobada por el Congreso, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado.

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