El caso de la niña de 11 años cuyo cadáver fue hallado carbonizado en San Juan de Luriganncho luego de que César Alva, asesino confeso, la abordara ha causado conmoción en todo el país y ha puesto nuevamente en discusión la pena de muerte.
Ante ello, Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, señaló que restablecer la pena de muerte dependería de que alguna bancada política del Congreso de la República plantee la modificación de la Constitución y se modifique el Código Penal, que no contempla la pena de muerte.
"Eso supondría abandonar la Convención Americana de Derechos Humanos que es la carta que protege los Derechos Humanos en América Latina y que tiene como su organismo tutelar a la Corte IDH, vale decir, el Perú tendría que denunciar a la Comisión IDH y yo no creo que eso sea conveniente dentro de lo que es el Sistema Americano de Derechos Humanos", precisó Rodríguez ante la prensa.
Asimismo, indicó que se puede poner en discusión el tema de la pena de muerte pero no sería muy viable en tanto el Perú sea parte del Sistema Americano de Derechos Humanos porque ha suscrito el Pacto de San José de Costa Rica y ese tiene su organismo supranacional de justicia que es la Corte IDH.
"Tendríamos que denunciar la Comisión IDH y abandonar la competencia de la Corte IDH y yo creo que eso jurídicamente no es conveniente", opinó el presidente del Poder Judicial.
Rodríguez agregó que "cada vez que ocurren crímenes tan reprochables (como el de San Juan de Lurigancho), efectivamente la ciudadanía se preocupa y siempre toma como primera reacción la pena de muerte, pero yo también les digo, hablando como juez, a nivel mundial la pena de muerte está en retirada y no es la principal respuesta contra el crimen".
"La principal respuesta es la prevención y otras medidas duras como la cadena perpetua que la tenemos en el Perú y estoy seguro que a esta persona (César Alva) se le aplicará cuando lo juzguen y lo condenen pero volver a poner la pena de muerte en la agenda es un tema que, por el momento, sería estrictamente político", sostuvo Rodriguez.
Consultado sobre si era responsabilidad de la Físcalia y la Policía que Alva haya estado libre a pesar de estar acusado de violaciones, Rodríguez precisó que "cualquier delito, falta o conducta ilícita que se comenta por parte de los ciudadanos primero llega a la Policía, luego esta solicita la intervención del Ministerio Público, son ellos los que tienen a su cargo cualquier investigación y si es que ellos presentan una acusación o abren un proceso, recién entra a jugar un rol el Poder Judicial, por lo que estoy enterado no existe un proceso penal abierto contra César Alva".
Finalmente, el presidente del Poder Judicial declaró que espera que "las instituciones encargadas de combatir el delito como la Policía y el Ministerio Público cumplan eficientemente su rol porque si no lo hacen justamente se van a volver a presentar esos casos".