El pasado 3 de julio, en el despacho del congresista Pasión Dávila, se instaló una mesa de trabajo, pero no fue una reunión cualquiera. Esta tenía el nombre de “Liquidación de Doe Run Perú – Pagos créditos laborales concursales y corrientes (posconcursal)”.
Convenientemente, el nombre de la mesa de trabajo tiene un nexo directo con un proyecto de ley que fue presentado el 19 de abril del presente año. ¿El nombre? “Ley que propone modificar el artículo 82 de la Ley N.° 27809, Ley general del sistema concursal”.
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La metalúrgica Doe Run es una empresa que en 2010 se sometió a un proceso concursal por encontrarse en una situación de insolvencia. Como toda empresa, en un inicio, recurrió a un fideicomiso ascendente a 20 millones de dólares que, en otras palabras, es un dinero que Doe Run brindó a un fiduciario (en este caso el Ministerio de Energía y Minas) para que lo maneje en favor de un “tercero”.
Al aprobarse la modificatoria, este dinero regresaría a la empresa y ya no sería distribuido para lo que inicialmente fue destinado. Por lo que habría la posibilidad de que la empresa no realice los pagos que corresponden a sus trabajadores y a sus proveedores.
En este grupo de trabajo también participó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor. ¿A dónde quiere llegar con este acuerdo el congresista Pasión Dávila?
Pasión Dávila, congresista por Pasco, ingresó al Parlamento con el partido Perú Libre. Más adelante se descubrió que utilizaba los recursos del Estado para promocionar la inscripción de su partido Todo por el Pueblo y ahora, se ha vuelto el mayor representante de la Bancada Socialista. Antes estuvo en el Bloque Magisterial. El parlamentario tiene contacto directo con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), un organismo de fachada vinculado a Movadef, brazo político de la agrupación terrorista Sendero Luminoso.
Además de tener polémicas fuera del Parlamento, también tuvo conflictos en el Congreso. Y es que, fue suspendido en diciembre del año pasado por 120 días tras golpear por la espalda a su colega Juan Burgos en el hemiciclo.
Dávila no solo se ha mostrado agresivo con sus compañeros, sino también con la prensa cuando le hacen preguntas que no le resultan agradables. Este diario intentó en reiteradas ocasiones un descargo del legislador, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
La empresa peruana Depósitos Químicos Mineros (DQM) manejaba el almacenamiento, embarque y desembarque de ácido sulfúrico proveniente del Complejo Metalúrgico La Oroya (“CMLO”) de Doe-Run desde el año 2007 y de esa manera lograba el cumplimiento de las normas ambientales que le exigían a Doe Run.
En agosto del año 2010, la situación de insolvencia de Doe Run llevó a que sea sometida a un procedimiento concursal ante el Indecopi. Por lo que ambas partes suscribieron acuerdos accesorios al contrato, pero no se cumplieron las fechas de pago.
Actualmente, Doe Run le debe US$14′346,544.70 “más intereses, penalidades, y ciertos gastos arbitrales y administrativos, fuera del concurso (extra-concurso), al ser un crédito no concursal conforme a la Ley General del Sistema Concursal”, indicó DQM.
MARIANA JUSTO, especialista en Derecho Comercial y Arbitraje del Estudio Ugaz Zegarra: “Afectaría la economía del país”
“Este proyecto de ley lo que busca es que en un procedimiento concursal se pueda incluir el patrimonio que la persona ha brindado anteriormente o ha transferido en fideicomiso y con eso está vulnerando la Ley General del Sistema Financiero.
En general están desnaturalizando cualquier contrato civil que se pueda realizar en aras de, si yo el día de mañana deseo hacer una compraventa o transferir mi propiedad bajo la misma lógica me estarían diciendo que si más adelante yo entro en quiebra se tiene que retrotraer lo que yo ya hice y a quien yo ya he transferido un patrimonio.
Afectaría a la economía del país. Han tratado de priorizar la recuperación de los bienes, supuestamente el derecho al cobro, pero realmente lo que están haciendo es ir en contra de la seguridad jurídica. De aprobarse esta ley, también generaría gran preocupación en los inversionistas nacionales y extranjeros que utilizan el fideicomiso muchas veces”.