Acción Popular ofrece otorgar más funciones al Banco de la Nación para que conceda crédito a las micro y pequeñas empresas (mypes) y así puedan reactivar sus actividades.
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No tiene base ni fundamento porque la Constitución establece el rol subsidiario del Estado en actividades empresariales. Por ello, es imposible que el Banco de la Nación compita contra el sistema financiero. Además, bancos, cajas rurales, municipales y Edpymes han logrado penetrar en zonas no atendidas del país. Asimismo, se requeriría una reingeniería para fortalecer su base operativa, las plataformas de tecnología de información y gobernanza. Esta institución ya ha mostrado sus limitaciones para otorgar los bonos, poco ayudaría el Banco de la Nación dando crédito. Tendríamos de regreso a la Banca Estatal de Fomento.
Rafael López Aliaga (Renovación Popular) anunció como primera propuesta de su plan de gobierno trasladar la Presidencia de la República al departamento de Junín, para “derribar el centralismo”.
Primero, existe un requisito formal: la Constitución establece que la ciudad capital es Lima. Tendría que ser reformada y aprobarse en dos legislaturas en el Congreso. Así, parece ser una idea que no se aplicaría de manera inmediata. Segundo, trasladar una sede implicaría un proceso de inversión muy grande. Es un trastorno que conspiraría contra un gobierno de cinco años que debe tratar en paralelo con la pandemia, la inseguridad y otros temas, a costa de este cambio logístico. No tiene sentido.