Las protestas se registraron entre diciembre y enero último, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. (AFP)
Las protestas se registraron entre diciembre y enero último, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. (AFP)

La mandataria pidió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que archive definitivamente la investigación que se le sigue por las muertes registradas durante las protestas de diciembre y enero último.

Joseph Campos, abogado de la presidenta, que presentaría ese requerimiento

“Esta investigación es una locura, el genocidio exige un dolo de exterminar a un grupo por lo que es, no por lo que hace”, dijo aquella vez.

En su solicitud, Campos alega que su patrocinada ejecutó las disposiciones aprobadas en Consejo de Ministros que apuntaban al uso de la fuerza para repeler los ataques de manifestantes violentos.

“Todos los funcionarios que han sido citados como testigos en el caso han sido consistentes en sus declaraciones testimoniales, afirmando de manera constante e inequívoca que la Presidenta no emitió ninguna directiva, disposición y/o lineamientos operativos para el control de las manifestaciones, tanto a la policía como a las fuerzas armadas”, se lee en el documento al que accedió este diario.

En esa línea insistió en que la jefa de Estado no participó de las estrategias que aplicaron las fuerzas del orden para pacificar el país luego del golpe de Estado que perpetró el detenido expresidente Pedro Castillo.

“Corresponderá que se determinen las circunstancias de las lamentables pérdidas humanas y se determinen las responsabilidades de quienes no hubieran seguido los protocolos”, señaló el letrado.

A Boluarte se le imputan los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

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