Desde 2021 hasta la fecha, un total de 72 leyes de distinta índole, aprobadas por el Congreso de la República y publicadas en el diario oficial El Peruano, no han podido ser aplicadas en los sectores que pretendían reformar por una sencilla razón: el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ha elaborado los reglamentos respectivos.
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¿Desidia, falta de voluntad política, escasez de pericia sectorial de los ministerios respectivos o veto a las normas promovidas por el Parlamento? Lo cierto es que estas normas permanecen en un prolongado letargo burocrático que impide que incidan en la ciudadanía. Además, según constató Perú21, en la gran mayoría ya venció el plazo estipulado para su reglamentación.
Atención, docentes: una de ellas es la Ley 31495, que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de una sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. Esta norma fue dictaminada tanto por la Comisión de Presupuesto como por la Comisión de Educación del Congreso y fue publicada el lejano 16 de junio de 2022. Dos meses después venció el plazo para emitir su reglamento.
En cuanto al sector trabajo, figura la Ley 31533, que promueve el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en el sector público; y en salud se observa la Ley 31633, que implementa y desarrolla los bancos de leche humana. En el caso de la primera, se venció el plazo para la reglamentación en la quincena de septiembre de 2022, mientras que en la segunda se venció a inicios de marzo de 2023.
Justamente en referencia a las leyes pendientes de reglamentar aprobadas el año pasado, también se encuentra la Ley 31720, que crea el canon hídrico como medida de compensación para las poblaciones afectadas por trasvase de aguas. Asimismo, está la Ley 31742, que promueve el fortalecimiento, transparencia y meritocracia del servicio civil a través de la implementación de la Plataforma Integrada para la Gestión Electrónica de Recursos Humanos. Incluso, se hallan la Ley 31756, que promueve la donación de órganos y tejidos humanos para trasplante con fines terapéuticos, y la Ley 32139, que establece un porcentaje del presupuesto institucional de los Gobiernos regionales y locales para actividades en favor de personas con discapacidad.
Además, se encuentran la Ley 32065, que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable, y la Ley 31979, que promueve el empleo temporal en los programas laborales del Estado en favor de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Todas estas normas han sido promulgadas, pero ninguna tiene reglamento.
TAMBIÉN EN SEGURIDAD
Qué duda cabe de que uno de los principales problemas nacionales tiene relación con la campeante inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, así como con la extorsión y el sicariato, cuyos indicadores han crecido de manera alarmante. A pesar de ello, ocho normas promulgadas en seguridad también esperan su reglamento por parte del Ejecutivo para poder entrar en ejecución plena. Cinco de ellas datan de 2021, mientras que las demás son de 2022, 2023 y 2024.
Dentro de ellas están la Ley 31873, que regula los procesos de ascensos del personal de la Policía Nacional, la Ley 32128, que autoriza un concurso interno excepcional para el cambio de categoría de suboficial a oficial de servicio de la Policía, y la Ley 31494, que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural, y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana.
Más allá del retraso en la aplicación efectiva de las normas, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi declaró a Perú21 que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, “estaría cometiendo una infracción constitucional y el delito de incumplimiento de deberes de función” al no reglamentar estas leyes.
En ese sentido, dijo que “el presidente del Congreso (Eduardo Salhuana) debe coordinar con el presidente de la Comisión de Constitución (Fernando Rospigliosi) para que el premier sea citado y explique por qué no ha reglamentado estas leyes y, si no lo hace en un plazo de 10 días hábiles, pues debe el Congreso presentar una denuncia constitucional contra él”.
Desde este diario nos comunicamos con Palacio de Gobierno y nos infomaron que todo lo referido a la reglamentación de las normas corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que lidera y articula directamente con los sectores involucrados.
En la PCM nos señalaron que hoy, lunes, nos enviarían un descargo, ya que, aunque trabajan todos los días, los datos relacionados con la dilación en la reglamentación de las normas, que datan de 2021, están guardados en oficina.
TENGA EN CUENTA
Gestión Boluarte. Cuarenta de las leyes pendientes de reglamentación fueron promulgadas durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
A tiempo. Seis de las 72 normas aún están dentro del plazo en que el Gobierno puede publicar su reglamento. Se encuentran, por ejemplo, la Ley General de Contrataciones Públicas y la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.
ANÁLISIS
Por: Martín Cabrera, especialista en asuntos parlamentarios
“En la práctica es un veto del Ejecutivo”
En el proceso legislativo de formulación de leyes, muchas veces el Ejecutivo observa determinado proyecto, pero el Congreso de todas formas lo aprueba por insistencia. El Ejecutivo no puede evitar la promulgación, pero sí aprovecha su atribución constitucional y no reglamenta la norma.
La Constitución señala que el Congreso tiene que hacer cumplir las leyes y procurar las sanciones a quienes las infringen. Que el Ejecutivo no reglamente las leyes afecta directamente la aplicación o eficacia de las leyes.
¿Qué se debe hacer? En su momento, el entonces congresista Jaime Delgado intentó impulsar una iniciativa para establecer como infracción constitucional la no reglamentación de las leyes.
En la práctica, esa no reglamentación se ha convertido en un veto del Ejecutivo. Lamentablemente, el control político por parte del Legislativo es bastante débil y flojo.
[ACTUALIZACIÓN 9:00 a.m. 04/11/2024]
PCM PRECISA INFORMACIÓN
Al respecto, la PCM nos hizo llegar su respuesta. Según mencionaron, de las 72 leyes referidas, están pendientes de reglamentar 60. De las doce restantes, 8 sí fueron reglamentadas y 4 fueron excluidas por sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Aseguraron que 22 de las leyes fueron aprobadas por insistencia por el Parlamento, a pesar de la opinión contraria del Gobierno.
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