Una resolución firmada hace 13 días por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ordena formalizar investigación preparatoria a Jaime Altamirano Coquis, candidato al Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC) con el número 3 en Lima. Altamirano es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito tras hallar indicios de que sus gastos no cuadran con lo que percibió antes como funcionario público.
Según la resolución, a la que Perú21 tuvo acceso, la Fiscalía determinó, tras una pericia financiera que Altamirano tiene “un desbalance patrimonial de S/937,155.34”.
Cifras que no cuadran
El documento indica que el desbalance de Altamirano se obtuvo tras analizar sus ingresos por S/706,733.93 percibidos entre enero de 2011 y agosto de 2018.
El origen de este monto recae en los pagos que recibió por ocupar dos gerencias en la Municipalidad del Rímac (enero a diciembre de 2011); como secretario general en la Municipalidad de Punta Hermosa (abril de 2012 a marzo de 2014); y como alcalde de San Juan de Miraflores (enero de 2015 a agosto de 2018). A ello se sumó la venta de vehículos, préstamos financieros, disponibilidad de AFP y otros ingresos bancarios.
Sin embargo, en ese mismo periodo, la Fiscalía contabilizó que Altamirano registró un total de egresos por S/1’643,915.28 por la compra de inmuebles, vehículos, viajes y gastos familiares que no guardan relación con el total de sus ingresos.
En declaraciones a Perú21, Altamirano señaló que este caso surgió en su contra por “una denuncia política” que le hicieron cuando fue alcalde de San Juan de Miraflores. Además aseveró que la pericia no ha considerado toda la información de sus ingresos.
“Estoy a favor de toda investigación. Tengo las manos limpias. Y todas las pruebas y sustentos de que he trabajado como persona natural”, agregó. Asimismo aseguró que no postula al Parlamento para protegerse con la inmunidad.
“Este es un Congreso corto de año y medio. Además estamos en contra de la inmunidad”, subrayó.
El abogado penalista Héctor Rojas explicó a Perú21 que la orden de la Fiscalía de que se prosiga con la investigación preparatoria es porque se han detectado indicios reveladores de que se habría cometido un delito.
“La investigación busca determinar dónde está el presunto desbalance. Durante el proceso, le corresponderá al investigado justificar la procedencia lícita de los bienes de este desbalance. Es un caso delicado”, sostuvo Rojas.
Datos
- En la disposición fiscal, la defensa de Altamirano expresa que el resultado de la pericia de la Fiscalía sería diferente si se tomara en cuenta los ingresos de su negocio de restaurantes, la actividad profesional de su esposa y una donación de su padre por S/80 mil.
- En su hoja de vida publicada por el JNE, Altamirano declaró que en 2018 tuvo ingresos por S/249,809 y es propietario de 5 inmuebles y 4 vehículos.