La Organización No Gubernamental (ONG) Demus denunció supuestas irregularidades del fiscal de la Nación, José Peláez, en el caso de las esterilizaciones forzadas.
Esta pesquisa, sobre las medidas de anticoncepción quirúrgica practicadas entre 1996 y 2000, se encontraban bajo revisión por la fiscal Carmen Ibáñez, pero Peláez dispuso que el caso fuese enviado al despacho de Antonio Landa debido a que, aparentemente, la anterior fiscalía tenía una sobrecarga de expedientes.
"Todo dictamen del Ministerio Público debe tener una razón de fondo que sustente la decisión. Aquí no hay motivación, ni siquiera aparente", dijo el exprocurador Julio Arbizu, quien asumió la defensa de los afectados junto a su destituido exprocurador adjunto Pedro Espadín.