Toda práctica de amedrentamiento o de tratar de restringir las actuaciones de las autoridades del sistema de administración de justicia o de la prensa tiene que ser sancionada previa investigación porque es un delito.
En caso de que se demuestre que el presidente regional del Callao, Félix Moreno, está detrás de la denuncia del fiscal (Roger Robles Heredia) tendrá que responder ante la justicia.
La Fiscalía de la Nación, por su parte, debe proteger a sus fiscales, testigos y colaboradores eficaces.
Hay que tener en cuenta que la actitud amenazante de los procesados contra testigos es considerada como un peligro de obstaculización.
Si los investigados niegan tener algún tipo de responsabilidad en este caso, tendrán que colaborar con las investigaciones para que, finalmente, los hechos lo determinen. Aún no se puede culpar a nadie porque el caso se encuentra en investigación.
Lo que tiene que hacer Moreno es someterse a las investigaciones. Hay que tener en cuenta que la organización criminal de Orellana tenía como fin amedrentar a la personas que lo investigaban.
Julia Príncipe, ex procuradora y hoy representante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, fue víctima de la citada red.