La Defensoría del Pueblo emitió un oficio esta mañana en el cual le solicita al juez Richard Concepción Carhuancho elevar "en el plazo más breve posible" la apelación interpuesta por la defensa de Keiko Fujimori ante su fallo que dicta 36 meses de prisión preventiva en su contra.
"Consideramos necesario que su despacho disponga las acciones que permitan al superior jerárquico, conocer -en el plazo más breve posible- la apelación interpuesta por la señora Keiko Fujimori Higuchi con fecha 6 de noviembre del presente año", se lee en el documento.
Como se recuerda, este viernes Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, envió una carta al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, advirtiendo que existen "graves afectaciones" en el proceso que se sigue a la lideresa de Fuerza Popular, quien cumple 36 meses de prisión preventiva.
En la misiva, el ciudadano norteamericano insiste en que hay "flagrante vulneración al derecho a la libertad de mi señora esposa".
"Recurro a su persona como titular de la Defensoría del Pueblo, institución que defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, para que supervise el cumplimiento de los deberes de la administración estatal", decía en la misiva.
Cuestionó también que los fundamentos de la apelación que presentó la defensa de la ex candidata presidencial aún no son elevados a segunda instancia.
Al respecto el juez Richard Concepción Carhuancho negó el viernes por la noche estar retrasando el recurso de apelación presentado por la defensa de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ante la prisión preventiva por 36 meses que dictó su despacho.
El magistrado explicó que la apelación será elevada a la sala superior correspondiente, cuando todos los trámites y diligencias hayan concluido.
En este sentido, precisó que aún estaba pendiente una última audiencia de prisión preventiva en torno al caso cócteles y que, además, se espera que todos los investigados presenten sendas apelaciones frente a las medidas que determine el juzgado.
En esa línea la Defensoría del Pueblo consideró que los criterios del magistrado para no elevar la apelación hasta que concluyan sus fallos con los implicados en este caso no corresponde con el respeto a la libertad de la afectada
"Es deber para todo juez interpretar las normas referidas a los procedimientos de apelación de forma que resulte favorable a su ejercicio, lo cual influye la posibilidad que ello se produzca en el plazo más breve posible", precisa el documento.
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