La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades a mantener al margen de los procesos de iniciativa ciuidadana. (Foto: Defensoría del Pueblo)
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades a mantener al margen de los procesos de iniciativa ciuidadana. (Foto: Defensoría del Pueblo)

Como si estuvieran aun en campaña, continúan promoviendo la instauración de una Asamblea Constituyente. Tal es el caso de la vicepresidenta, también ministra de Inclusión Social, .

Ante ello, la Defensoría del Pueblo emitió hoy un pronunciamiento para recordarle a las autoridades y funcionarios públicos, entre los que figuran los congresistas de Perú Libre, a mantener la “absoluta neutralidad” en procesos que de iniciativas ciudadanas de consulta popular, como la recolección de firmas para un referéndum hacia una Constituyente.

“La promoción y recolección de firmas están en manos de la ciudadanía. El Estado no debe intervenir desarrollando acciones o manifestando posiciones en favor o en contra de las mismas”, se lee en el pronunciamiento.

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En esa línea, la institución exhorta a prevalecer la neutralidad de los funcionarios públicos, quienes tienen ”totalmente prohibido utilizar recursos públicos en la promoción y en los procesos de recolección de firmas que actualmente se vienen desplegando. Así también, que se condicione el acceso o permanencia a los beneficios de un programa social o servicio público a cambio de una firma de adhesión a un determinado proyecto.

La institución advierte que de no respetarse esta obligación se puede constituir el delito de peculado, y que corresponde a los organismos de regulación, como la Contraloría y Ministerio Público, tomar las acciones preventivas y sancionatorias según sus competencias.

“La Defensoría del Pueblo, a través de sus 38 oficinas regionales a nivel nacional, viene recomendado a las instancias que representan al Ejecutivo, así como a los gobiernos regionales, provinciales y distritales, cumplir con sus funciones en respeto al deber de neutralidad, incidiendo en la prohibición de no condicionar su atención, servicios o acceso a programas sociales para influir en la decisión de adherirse o no a cualquiera de las iniciativas citadas”, indican.

Además, agregan que se encuentran en alerta a nivel nacional para garantizar el cumplimiento de este deber de neutralidad “para garantizar la plena vigencia y ejercicio libre del derecho a la participación ciudadana en asuntos públicos”.

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