Como si estuvieran aun en campaña, parlamentarios que llegaron al Congreso con el partido Perú Libre continúan promoviendo la instauración de una Asamblea Constituyente. Tal es el caso de la vicepresidenta, también ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo emitió hoy un pronunciamiento para recordarle a las autoridades y funcionarios públicos, entre los que figuran los congresistas de Perú Libre, a mantener la “absoluta neutralidad” en procesos que de iniciativas ciudadanas de consulta popular, como la recolección de firmas para un referéndum hacia una Constituyente.
“La promoción y recolección de firmas están en manos de la ciudadanía. El Estado no debe intervenir desarrollando acciones o manifestando posiciones en favor o en contra de las mismas”, se lee en el pronunciamiento.
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En esa línea, la institución exhorta a prevalecer la neutralidad de los funcionarios públicos, quienes tienen ”totalmente prohibido utilizar recursos públicos en la promoción y en los procesos de recolección de firmas que actualmente se vienen desplegando. Así también, que se condicione el acceso o permanencia a los beneficios de un programa social o servicio público a cambio de una firma de adhesión a un determinado proyecto”.
La institución advierte que de no respetarse esta obligación se puede constituir el delito de peculado, y que corresponde a los organismos de regulación, como la Contraloría y Ministerio Público, tomar las acciones preventivas y sancionatorias según sus competencias.
“La Defensoría del Pueblo, a través de sus 38 oficinas regionales a nivel nacional, viene recomendado a las instancias que representan al Ejecutivo, así como a los gobiernos regionales, provinciales y distritales, cumplir con sus funciones en respeto al deber de neutralidad, incidiendo en la prohibición de no condicionar su atención, servicios o acceso a programas sociales para influir en la decisión de adherirse o no a cualquiera de las iniciativas citadas”, indican.
Además, agregan que se encuentran en alerta a nivel nacional para garantizar el cumplimiento de este deber de neutralidad “para garantizar la plena vigencia y ejercicio libre del derecho a la participación ciudadana en asuntos públicos”.
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