La lucha por la presidencia del Congreso acaba de pasar al ring judicial. El martes, la jueza de Trujillo Tatiana Pedemonte del Río admitió a trámite una acción de amparo presentada por el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, para que se declare nula la investigación que le abrió la Comisión de Ética por presentar información falsa en al menos siete informes por semana de representación.
Dicha pesquisa conllevó a que el pasado lunes se apruebe —con votos del Apra, Fuerza Popular y PpK— recomendar al Pleno la suspensión del legislador por 120 días.
Salaverry sabe que hay mucho en juego. De aprobarse la sanción, no solo dejará el cargo de presidente y congresista por cuatro meses, sino que no podrá tentar una reelección en la Mesa Directiva, posibilidad que no ha descartado.
El parlamentario presentó el recurso el 29 de mayo en la Corte Superior de La Libertad, región por la cual ganó la curul.
Según la resolución judicial, Salaverry sostiene que el proceso en Ética vulneró derechos y principios fundamentales.
“Este proceso está viciado. Me quieren sancionar ya no por documentos alterados, sino porque dije que no sabía quién había firmado los informes, cuando se supone que debía conocer”, indicó en RPP.
Para Salaverry, su suspensión es fruto de la “venganza política” de su exbancada FP, por lo que aduce que no existe imparcialidad en su proceso.
Desde que asumió la presidencia, Salaverry y el fujimorismo iniciaron un célere divorcio marcado por calificativos, intentos de censura y acusaciones (ver infografía).
“Cómo pueden ser imparciales congresistas que han firmado una moción de censura para sacarme de la presidencia (...) Me iré a mi casa cuatro meses suspendido arbitrariamente, pero estoy seguro de que en 2021 muchos (de ellos) no se irán a su casa sino al penal Castro Castro”, remarcó.
CONTRADICCIÓN
En tanto, la presidenta de Ética, Janet Sánchez (Ppk), convocó para hoy a una sesión extraordinaria en la que dará cuenta de la resolución de sanción que será elevada al Pleno.
Para la congresista, el titular del Legislativo cae en contradicción al recurrir al PJ porque al iniciarse su proceso, envió una carta a su grupo para allanarse a la investigación.
“Un presidente del Congreso no puede recurrir a estos procesos para no ser investigado. Me parece una muy mala señal para la lucha anticorrupción”, dijo a este diario.
Según Salaverry, el fujimorismo quiere acelerar el debate y votación en el Pleno, de manera que en la próxima sesión se decida su suerte.
Por su parte, el constitucionalista Víctor García Toma indicó que la jueza podría dictar una medida cautelar de no innovar que paralizaría el pedido de sanción hasta que resuelva el recurso. “Si se plantea la tesis de que hay una voluntad concertada de FP, se puede entender que aun cuando no se ha discutido en el Pleno, por el peso de los votos, la decisión será adoptada. Como afectaría algún derecho fundamental, el juez decide intervenir”, explicó.
TENGA EN CUENTA
- No es la primera vez que se recurre al PJ para intentar anular una investigación parlamentaria. En 2013, Alan García presentó una acción de amparo contra la megacomisión. Un juzgado declaró fundado su pedido.
- Tras conocer el recurso del presidente del Congreso, los legisladores de FP y el Apra integrantes de Ética acusaron a Salaverry de no asumir su responsabilidad. El amparo es dirigido contra todos los miembros del grupo.