El Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones confirmó la orden de prisión preventiva por 36 meses contra 11 de los 12 miembros de la banda 'Los Cuellos Blancos del Puerto' que fueron detenidos tras ser acusados de afectar el sistema judicial en el Callao.
La decisión para que permanezcan presos estos once investigados alcanza a Gianfranco Paredes Sánchez, John Misha Mansilla, Nelson Aparicio Beizaga, Carlos Parra Pineda, Verónica Rojas Aguirre, Jacinto Salinas Bedón, Víctor Maximiliano León Montenegro, Juan Eguez Beltrán, José Luis Cavassa Roncalla, Mario Mendoza Díaz y Antonio Camayo.
El único detenido a quien la Sala de Apelaciones le revocó la prisión preventiva fue Fernando Alejandro Seminario Arteta. En su lugar, dispusieron una comparecencia restringida.
En la resolución que confirma esta situación, los magistrados miembros de la sala consideran que en las conversaciones que mantuvo Seminario Arteta con Walter Ríos y su chofer, John Misha, se corrobora que hay elementos que lo vinculan a los delitos que investiga la fiscalía.
Sin embargo, destacan que este procesado se entregó a la justicia diez días después de la operación que permitió capturar a Antonio Camayo y otros diez miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto. Indicaron que el sujeto no huyó sino que la policía no lo ubicó en el domicilio registrado en Reniec.
A esto se le sumó que consideraron que había arraigo domiciliario y laboral, así como insuficientes pruebas que determinen que podría generar peligro procesal, por lo que terminaron decidiendo que se debía aplicar en este caso una comparecencia restringida que incluye no ausentarse de la localidad donde vive sin permiso judicial, presentarse ante la fiscalía cada 30 días, y el pago de una caución de 50 mil soles.
A los otros once imputados se les confirmó la orden de 36 meses de prisión preventiva que dictó en primera instancia el juez Manuel Antonio Chuyo Zavaleta del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.
A todos los integrantes de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', incluyendo a los empresarios Antonio Camayo y Mario Mendoza, se les atribuyen los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y organización criminal, entre otros.