Crecimiento cero

Se advirtió y sucedió. Las violentas protestas y el bloqueo de carreteras que se iniciaron desde la segunda quincena de diciembre, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, han tenido un fuerte impacto en la economía.

Según las proyecciones de Scotiabank, el Producto Bruto Interno (PBI) del primer mes del año habría registrado un crecimiento cercano al 0%. Y no es el único que proyecta tan nefasto escenario. También Thorne & Associates estima que el primer trimestre de este año caería 0.9% respecto al último trimestre de 2022.

Uno de los baremos es la estrepitosa caída en el consumo de energía debido al descenso en la producción minera, que como se sabe es una de las actividades más golpeadas con esta sucesión de protestas que no tardan mucho en degenerar en actos deliberadamente destructivos. Las instalaciones y los equipos de estas empresas han sido incluso objeto de ataques directos, todos con intención de destruir lo que las turbas encontraban a su paso.

No es necesario ser muy zahorí para darse cuenta de que siendo la minería fundamental para el sostenimiento y crecimiento de la economía nacional, ese bajón resultara predecible.

Y aunque pudiera parecerlo, no estamos hablando de cifras frías. Las consecuencias para el bolsillo popular ya se sienten en mercados y comercios –los precios de los tubérculos, el pollo, los combustibles, el pescado– de las regiones más afectadas por las revueltas callejeras y el daño a locales e infraestructuras públicas y privadas.

Las pérdidas en los sectores de hotelería y restaurantes, el turismo en general, así como en el rubro de transporte (de carga y de pasajeros), los servicios financieros y de construcción, entre las más cuantiosas, desembocarán irremediablemente en mayor desempleo e informalidad.

Como ha dicho Carlos Oliva, extitular del MEF, muy aparte de programas y apoyos que se puedan planificar, es necesario, primero, devolver la calma a las regiones y, en una segunda etapa, se podrán analizar los daños para evaluar cómo revertirlos.

Lo cierto es que la responsabilidad del desastre se reparte entre los agitadores extremistas y los estamentos del Gobierno, Ejecutivo y Legislativo. Y nadie ignora que mientras más se prolongue esta situación, los principales perdedores serán los sectores populares, es decir quienes sostienen su hogares con los ingresos de los rubros económicos que peor la están pasando con los disturbios.