Un panorama desalentador es el que, irónicamente, proyecta la efectividad del recurso de casación con el que el ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia planean recuperar su libertad.
No solo se trata del tiempo que demoraría conocer el pronunciamiento de la Corte Suprema, sino que, según penalistas consultados por Perú21, existen muy pocas chances de que esta instancia revierta lo dictado por las salas inferiores.
Para el decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo, el fallo de la Suprema se podría conocer entre seis y doce meses si, primeramente, llega a ser admitido para su evaluación.
Pero esta no sería la peor noticia para Ollanta Humala y Nadine Heredia, que esperan salir cuanto antes de los penales en los que están recluidos de manera provisional por 18 meses. Según Angulo, la Suprema no fallaría a su favor.
"Con este recurso, se están generando falsas expectativas. La casación tiene requisitos específicos, como interpretaciones discordantes entre las salas, contradicción entre las conclusiones de la primera y segunda instancia, y por lo que se ha visto, eso no ha sucedido", argumentó.
El abogado penalista Carlos Caro coincidió con ello y aseguró, por su parte, que solo "entre el cinco y diez por ciento de las casaciones" se declaran procedentes.
"Las posibilidades de que ganen son muy limitadas. Si los Humala interponen la casación, de plano, tienen entre el 90% y 95% de probabilidades de perder, porque una casación se presenta solo bajo circunstancias muy especiales", explicó.
La defensa del ex mandatario anunció que recurriría a este recurso luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones rechazara la apelación presentada por Humala y Heredia y confirmara, de esa manera, la prisión preventiva para ambos.
En tanto, Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama, aseguró ayer que el cambio de grafías que intentó realizar su defendida ante un perito grafotécnico, y que fue advertido en la denuncia fiscal, no puede ser un motivo para considerar que esta obstruye la investigación por lavado de activos que se le sigue.
"En materia procesal penal, lo que una persona diga, haga, guarde silencio, mienta, corrija, rectifique, se interpreta como una acción vinculada estrictamente al derecho de defensa y de no incriminación", manifestó.
Pedraza insistió en que "la jurisprudencia nacional e internacional" resguarda a un investigado porque –según sostuvo– lo que diga este "se toma como derecho de defensa, bajo el principio de la no incriminación".
"Una mentira, asumamos que sea una mentira (el cambio de grafía), no puede ser fundamento ni para una condena ni para nada. Ese es un elemento", justificó.