Se quedan sin nada. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado y ordenó el embargo de los bienes de los imputados Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres Vásquez.
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El juez Juan Carlos Checkley dispuso el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente Castillo, las cuales se encuentran ubicadas en Anguía (Chota-Cajamarca) y en el pueblo de Tacabamba.
En el caso del ex primer ministro Aníbal Torres, la medida es en forma de inscripción e inhibición de nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo de US$20,000.
Las propiedades de San Isidro son dos estacionamientos valorizados en US$15,000 y un departamento de US$23,800.
Como se recuerda, el procurador general del Estado, Daniel Soria, solicitó una reparación civil de S/67′711,048 por el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre de 2022.
El Ministerio Público recordó que el golpista exgobernante se encargó de leer el discurso en el que anunció el ilegal cierre del Congreso y la reorganización del sistema de Justicia. Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez habrían instigado esa ilegal decisión.
Tanto Pedro Castillo como Aníbal Torres son investigados por el delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio del Estado.