La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, intervino hoy en la audiencia en la que se evaluó su pedido de cese de prisión preventiva, que cumple desde mayo de 2019 mientras es investigada por recibir presunto dinero ilícito para financiar sus campañas políticas.
Villarán requirió ante la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia ser excarcelada del penal de Mujeres de Chorrillos debido al riesgo de contraer el coronavirus.
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“Tengo 70 años de edad cumplidos aquí, en estos 350 días que permanezco en prisión, a los 23 años de edad me diagnosticaron lupus, vivo con esa espada de Damocles toda una vida, las lesiones que tengo en la cara son visibles; mi sistema inmune no es normal, es débil, no es un asunto subjetivo”, manifestó antes de finalizar la diligencia.
Asimismo, indicó: “Habito una celda de dos metros y medio, ahí vivimos, nos aseamos y dormimos tres personas, mis condiciones son las mismas que las 183 personas del pabellón B.; los pisos son húmedos porque en las celdas hay silos con un lavadero y un desagüe abierto”.
Su abogado Raúl Pariona sustentó la solicitud alegando que ya no existe peligro de fuga ni de obstaculización. Argumentó que debido a la pandemia se han cerrado aeropuertos y que, en todo este año que ha permanecido en la cárcel, su patrocinada no ha obstruido las investigaciones.
Por ello pidió que se le varíe la detención en cárcel por un arresto domiciliario. En primera instancia, el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó esa petición al considerar que la exfuncionaria no registra una enfermedad grave que la exponga a contraer el COVID-19.
El fiscal Hernán Mendoza insistió en ese criterio y agregó que Villarán de la Puente es sindicada de encabezar una organización criminal. En ese sentido dijo que su conducta apunta a obstaculizar las diligencias.
La Fiscalía imputa a Susana Villarán haber recibido aportes ilícitos de las empresas OAS y Odebrecht para sus campañas contra la revocatoria (2013) y de reelección (2014). A cambio, la exautoridad edil habría concedido obras a las constructoras brasileñas.
El tribunal presidido por el juez Ramiro Salinas dejó al voto su decisión y la notificará a las partes en el plazo de ley.