La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anunció ayer que, en medio de la pandemia, está garantizada la salud de los funcionarios de su institución de cara al reinicio de funciones programado para mañana 1 de julio. Sin embargo, no todas las áreas parecen compartir esa premisa.
En el Instituto de Medicina Legal (IML) aún están a la espera de contar con los equipos de protección para el personal que retornará a nivel nacional a realizar trabajo administrativo.
Entre otras funciones, el IML se encarga de intervenir los cadáveres y emitir informes aplicando técnicas de ciencias forenses. Los peritos están permanentemente expuestos al contacto con otras personas.
En un oficio del 25 de junio, el jefe del IML, Juan Quiroz Mejía, informó al gerente general de la Fiscalía, Abel Cartolin, que debido a que el presupuesto solicitado se asignó recién el 19 de junio no se ha concretado la compra.
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“Esta jefatura no se responsabiliza si al término del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno no se ha dotado aún al personal que se reincorporará del equipamiento de protección personal necesario para el reinicio de sus actividades presenciales”, se lee en el documento al que accedió Perú21.
Quiroz finaliza señalando que los funcionarios se mantendrán en trabajo remoto hasta que sean sometidos a pruebas de descarte de coronavirus y cuente con los implementos de protección.
La Fiscalía elaboró un protocolo de protección que empezará a aplicar a partir de mañana, y que incluye las medidas sanitarias a acatar para evitar el contagio del virus: mantener dos metros de distancia entre trabajadores, uso de mascarilla y lavado de manos. Los que incumplan las disposiciones están sujetos a sanción.
Prueba de descarte fue suspendida
La fiscal Ávalos envió hoy un comunicado interno al personal del Ministerio Público disculpándose por la suspensión de toma de muestra de descarte de COVID-19 programada para esta mañana.
“Tuvo que suspenderse en cautela de la salud y seguridad, luego de verificarse inconvenientes en el servicio (...) se ha dispuesto la remoción de los funcionarios de las áreas administrativas competentes sin perjuicio de las responsabilidades que eventualmente se puedan determinar”, señala la misiva.