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Coronavirus en Perú: La representación política en juego
Quedan pocos días para aprobar proyecto de ley que evitaría que condenados postulen en el 2021. Milagros Campos advierte que las candidaturas no deben tener sombras de procesos judiciales.
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Un proyecto presentado por Gino Costa, legislador del Partido Morado, busca que personas sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos sean impedidos de postular a algún cargo público.
Los sentenciados por tráfico de drogas, violación, feminicidio, homicidio, secuestro, entre otros, aún tienen carta libre para ser elegidos, porque actualmente la ley indica que la condena, que restringe su derecho a participar en política, debe ser definitiva, cuando ya no hay lugar a apelación.
En el Congreso disuelto, la Comisión de Constitución aprobó en junio de 2019 una ley presentada por el Poder Ejecutivo que impedía que las personas que hayan recibido sentencia en primera instancia por delito doloso postulen a la Presidencia, al Congreso, a los gobiernos regionales o a las alcaldías.
“Fue una de las propuestas del grupo de reforma política”, dijo a Perú21 Milagros Campos, politóloga y exintegrante de dicho grupo. Sin embargo, la reforma no pudo ser concretada porque no pasó las dos votaciones en el Congreso –en legislaturas consecutivas– para que esta sea promulgada.
Es por eso que el proyecto del legislador Costa, si se quiere aplicar en las elecciones del 2021, debería ser votado en el pleno hasta el 26 de junio, día que acaba la primera legislatura del Congreso. Y luego, antes del 10 de julio para que cuando el presidente convoque a elecciones generales esta se pueda aplicar.
Campos señaló que lo que está en juego es la calidad de la representación política. “Se busca candidatos idóneos que sumen a la democracia”, dijo.
DEBATE LEGAL
El abogado penalista Mario Amoretti se mostró en desacuerdo con el proyecto porque “no se puede, en primera instancia, violar la presunción de inocencia”.
“Sostener que la presunción de inocencia se quebró con una sentencia en primera instancia, no se puede admitir, y con mayor razón, con delitos graves donde hay que tener mucha precisión y fundamento”, dijo Amoretti.
Sin embargo, Campos explicó que lo que se pide es que, en aras del bien público, mientras no termine el proceso judicial la persona no postule. “No es una restricción de por vida, sino en un proceso determinado, que no distraiga al candidato. Se le pide que postergue un justo derecho, con la finalidad de permitir que la representación política no se vea ensombrecida por un proceso judicial”, dijo.
“Esta propuesta busca impedir situaciones como la de Edwin Donayre o Benicio Ríos, gente que con sentencias en primera instancia postuló al Congreso para protegerse de la acción de la justicia”, anotó el congresista Costa.
TENGA EN CUENTA
La abogada penalista Romy Chang advirtió que la inmunidad que ofrece el cargo de congresista es el beneficio que buscan personas con problemas judiciales y que postulan al Parlamento. Pide al Poder Legislativo que revise el tema de la inmunidad parlamentaria.
El 10 de julio, el presidente Vizcarra debe convocar a elecciones generales.
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